Los cuatro acusados de desórdenes públicos por cortar la ronda de Dalt de Barcelona durante la huelga independentista del 8 de noviembre de 2017 han alegado su derecho a huelga y han negado mantener cualquier vínculo con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Así lo han sostenido ante la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, donde este lunes ha comenzado el juicio que enfrentan por un delito contra al seguridad vial y otro de desórdenes públicos por su papel durante el paro general convocado contra el encarcelamiento de parte del Govern tras el referéndum ilegal del 1-O.
La Fiscalía discrepa de este relato. Su propuesta inicial es de entre tres y cinco años de cárcel.
Niegan ser de los CDR
Durante la sesión de este lunes, los cuatro acusados han asegurado que la concentración era legal. También han negado que fueran integrantes de "uno de los sedicientes CDR" o que mantuvieran cualquier tipo de enlace con dicho grupo, tal como sostiene el ministerio público.
Todos ellos han explicado que acudieron a primera hora de la mañana a una cita convocada por diversos colectivos y entidades en la marquesina de la Vía Júlia, en el distrito de Nou Barris, para participar de un piquete informativo. Han aseverado que en ningún caso formaban parte de la organización.
Sin rastro del aceite
También han rebatido que contribuyeran a esparcir con una escoba el aceite que algunos manifestantes llevaban en un bidón y han recalcado que ni vieron la acción ni tampoco manchas en el suelo. Según el relato que han mantenido ante el juez, sólo tuvieron conocimiento de ello cuando fueron encausados.
Fiscalía mantiene que los investigados habrían colaborado en el vertido de alguna sustancia en la vía en la que protestaban, la carretera B-20, para que los coches que transitaban se "deslizaran". Ha asegurado, asimismo, que la manifestación no se había comunicado. Concentró a unas 200 personas, responsables de cortar el tráfico en ambos sentidos de la circulación entre las 07:00 y las 11:00 de la mañana de esa jornada.
Retenciones y "conflicto"
Con esta acción, añade el escrito fiscal, los acusados causaron 15 kilómetros de retenciones que afectaron a 40.000 vehículos y 750 camiones. Se les acusa de generar "numerosas situaciones de conflicto" con conductores y usuarios de la vía, ante los que adoptaron "actitudes intimidatorias, amenazas, insultos y gestos obscenos".