La Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña (RGC) deja fuera a 7 de cada 10 personas en pobreza severa. De hecho, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), 430.000 personas se encuentran en esta situación y apenas 126.000 son beneficiarios de la prestación, un 29,3% del total.

El portavoz de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, Diosdado Toledano, ha denunciado que "prácticamente todas --el 5,7% de la población catalana-- tendrían que tener derecho a la prestación de la RGC" y la Generalitat deja fuera a más del 70% de los necesitados.

Los recortes de la Generalitat

Toledano ha informado sobre la difícil situación que viven los ciudadanos de Cataluña en pobreza severa, que aún se complica más si se tienen en cuenta las personas en riesgo de padecerla. Si se suman estos últimos, los catalanes en vulnerabilidad económica ascienden a 1.475.000, el 19,5% de la población total.

Del mismo modo, Toledano ha denunciado que este mes de abril se ha producido un "retroceso" en el número de beneficiarios de la prestación catalana: de unos 76.000 receptores de las prestaciones completas de la renta en diciembre de 2019, con otros 32.000 expedientes bajo estudio, ahora hay casi 62.000 personas beneficiarias y apenas 26.000 solicitudes en análisis. Por contra, los que solo cobran un complemento de la prestación eran 46.000 personas respecto a las 64.000 de este abril.

Impugnarán el decreto de Reglamento

Además de denunciar esta situación, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha anunciado este viernes que impugnará el decreto de Reglamento que desarrolla la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía al considerar que se vulnera esta norma en una veintena de puntos.

La Comisión ha valorado que "la vulneración parcial del articulado de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) tiene efectos restrictivos en la implementación de la mismo, y reduce la cobertura o el acceso de la prestación a la población vulnerable de Cataluña".

Denegaciones masivas

Las denegaciones han sido masivas y "sin causas justificadas, lo que ha motivado numerosos recursos individuales ante esta situación" e incluso demandas ante los tribunales contencioso-administrativos que, en muchos casos, se han saldado sin llegar a juicio porque la administración de la Generalitat ha reconocido su error y ha acabado pagando, ha asegurado Toledano.

Eso mismo le ha sucedido hoy a Maria Cristina, una mujer que esperó cinco meses a que la administración le respondiera y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le ha dado la razón y ha ordenado a la Generalitat a que le pague. 

El TSJC condena a la Generalitat

La mujer pidió la prestación complementaria de la renta mínima garantizada de ciudadanía atendiendo que era titular de un subsidio de desempleo, susceptible de ser complementado. El 19 de abril de 2018, la recurrente presentó un escrito en el que alegó que, tras cinco meses de silencio desde la solicitud, seguía sin obtener respuesta de la Generalitat.

Alegó que entendió el silencio como respuesta positiva pero que no recibía los pagos, por lo que solicitó ejecutaran el pago. En ese momento, la administración le requirió documentación que desconocía en en un plazo de dos semanas. Una actuación desestimada por el TSJC, que ha fallado a favor de Maria Cristina y ha condenado a la Generalitat a pagar los costes del juicio y a concederle la prestación.