La fiscal de seguridad vial de Barcelona, Isabel López Riera, ha abierto diligencias de investigación para determinar si la instalación de bloques de hormigón en Consell de Cent, por parte del Ayuntamiento de Barcelona para disminuir el tráfico de vehículos, suponen un peligro para la circulación de los mimos, tal y como asegura en su denuncia el letrado Daniel Vosseler, quien asegura que este mobiliario urbano supone un "obstáculo" y un riesgo para coches, motos y bicicletas, "los más vulnerables".
Vosseler apunta que el consistorio de la capital catalana podría incurrir en un delito de prevaricación por "una actitud eminentemente peligrosa para la seguridad vial por parte de los responsables" de esta área, y por ello reclama que se solicite al ayuntamiento la documentación necesaria sobre la colocación de este mobiliario de hormigón, para determinar si ha incurrido en algún ilícito con su instalación.
Protección frente al hormigón
No es la única reclamación del demandante, quien solicita la retirada de los bancos, colocados en calzada y aceras. De no ser posible, instan al ayuntamiento a instalar un "un sistema de contención", como una barrera metálica de seguridad para evitar el impacto con los coches, motos o bicis que circulan por la vía.
Una denuncia que el letrado acompaña de un informe pericial del ingeniero de caminos y auditor de la seguridad vial del Ministerio de Transportes, Andrés Luís Romera Zarza. Un documento que señala que las aceras de Consell de Cent son de una "anchura superior a tres metros", lo que permite la instalación de los bloques. Eso sí, puntualiza que ni Cataluña ni Barcelona cuentan con normativa específica con condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, lo que impondría la estatal, que recoge que el mobiliario urbano no puede invadir el itinerario peatonal accesible.
[poll:54]
Espacio para peatones
En marzo pasado el equipo de gobierno municipal comenzó la instalación de bloques en esta calle, así como en varios tramos de Rocafort y Girona. La intervención incluyó la ampliación de las aceras para que los peatones ganasen espacio y dejar así un solo carril de circulación de vehículos, con la velocidad limitada a 30km/h. Las motos tampoco pueden estacionar en las aceras y se elimina los espacios de carga y descarga.
Una decisión que levantó ampollas, ya que parte de la oposición señaló que dicha actuación podría incrementar el riesgo de accidentes. JxCat reclamó al equipo de Ada Colau los informes técnicos que avalaban la instalación de los bloques. De hecho, la presidenta de este grupo, Elsa Artadi, reclamó una auditoría técnica para determinar si dichos elementos son seguros. También los populares instaron al consistorio a retirar lo que tildaron de "urbanismo ideológico", que supone "un grave problema de seguridad" especialmente para los motoristas.