Efectivos de Mossos d’Esquadra han cursado más de 1.000 denuncias por no utilizar la mascarilla --sin motivo justificado-- en el conjunto de Cataluña entre el 19 de julio y comienzos de septiembre. Una cifra que supone el 90% del total de 1.200 propuestas de sanción que ha efectuado la policía autonómica por incumplir las medidas de prevención para frenar la propagación del Covid-19 durante este periodo, según han detallado desde el cuerpo a Crónica Global.
La obligatoriedad del uso de tapabocas tanto en la vía pública, espacios al aire libre, o interiores, con independencia de que se pueda mantener la distancia de 1,5 metros entre personas, entró en vigor el pasado 9 de julio, y su incumplimiento conlleva una sanción de 100 euros, tal y como fijó la Conselleria de Salut.
Macrofiestas ilegales
Pese a las advertencias de las autoridades sanitarias ante la proliferación de rebrotes, el aumento de contagios no erradica actitudes incívicas y estas no se limitan solo a quienes rechazan cubrirse nariz y boca. Así, el pasado sábado, efectivos de la policía autonómica desmantelaban una fiesta ilegal con más de 160 personas en el barcelonés distrito de Sants, cuando las reuniones continúan limitadas a grupos máximos de diez; y es que las ganas de ocio parecen aplacar el miedo al virus entre una parte de la población; habitualmente, los más jóvenes.
La Guardia Urbana precinta un local donde se celebraba una fiesta ilegal / GUARDIA URBANA
No se trata de una irresponsabilidad aislada, el 30 de agosto agentes de Mossos denunciaron a otras 95 personas por participar en otra fiesta ilegal en Viladecans, y es que la propia patronal catalana del ocio nocturno ha habilitado un buzón anónimo de denuncia ante la proliferación de convocatorias para burlar el cierre de locales decretado por el Govern para frenar el coronavirus. Fecasarm, que frente a la prohibición mantiene su petición de medidas cautelares para reabrir, asegura que solo durante el pasado fin de semana se organizaron 14 celebraciones, incumpliendo así la normativa impuesta por la administración.
Jóvenes de botellón
La oferta para asistir a estos eventos se extiende por redes sociales, advierte la patronal, y en algunas ocasiones se promocionan como fiestas en “lugares secretos” en las que se puede llegar a abonar entre 1.000 y 5.000 euros por reservar una mesa. Aunque para incumplir las medidas de seguridad no hace falta tal desembolso, tal y como muestran las repetidas concentraciones de jóvenes consumiendo alcohol de madrugada en plena calle.
Un grupo de jóvenes en un botellón / EFE
Solo durante la penúltima semana de agosto, la Guardia Urbana desalojó a más de 5.500 personas en Barcelona por participar en botellones, de las que multó a 200, según detalló el propio consistorio. Una actuación policial que en muchas ocasiones resulta inútil ya que sus protagonistas vuelven a concentrarse en las mismas zonas cuando los agentes ya se han replegado.
“Máxima severidad” de la policía
Ante tal panorama, el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a la policía autonómica “máxima severidad” ante cualquier incumplimiento de las normas de prevención frente al coronavirus. También el teniente de alcalde de seguridad de la capital catalana, Albert Batlle, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad y el civismo”, tras admitir que la Urbana debe desalojar botellones que se organizan en diversos puntos de la capital catalana cada noche.