Un juez obliga a seis positivos por coronavirus a quedarse en casa

El titular del Juzgado de lo Contencioso número 14 de Barcelona, el magistrado Manuel Alcover Povo, ha obligado a un vecino de Mataró y a las otras cinco personas con las que comparte domicilio a aislarse en su domicilio tras dar positivo en la prueba del coronavirus.

El caso ha llegado a los tribunales tras la negativa de un vecino de la localidad costera a permanecer en cuarentena para evitar la transmisión de la enfermedad. También se debían quedar en casa las personas con las que vive. Entre ellas, dos menores de edad y un bebé. Además de resistirse a permanecer en casa, los afectados no han querido facilitar su identidad al consistorio según consta en el documento judicial.

Posibilidad de recurso

Alcover Povo da un espaldarazo en el auto publicado este miércoles al Ayuntamiento de Mataró, encabezado por el socialista David Bote, al aislamiento de contagiosos y su sometimiento obligado a pruebas de detección. Es una de las medidas más polémicas que se incluyen en una batería de iniciativas para detectar a infectados, especialmente los asintomáticos, y frenar la propagación del virus.

La decisión del magistrado puede ser recurrida. En su escrito señala que los afectados deberán quedarse en casa como mínimo 14 días, un lapso de tiempo que podrá ser modificado por las autoridades sanitarias si lo estiman necesario. El objetivo mayor perseguido es el de preservar la salud pública local.

Toque al consistorio

Eso sí, deja claro que “cualquier decisión o informe que afecte a las condiciones de aislamiento y cuarentena” deberá ser informada en el juzgado de Barcelona.

El auto publicado no supone una aprobación total de las políticas seguidas por el ayuntamiento. El magistrado critica que las medidas aprobadas se plantean en unos términos “excesivamente amplios” e “inconcretos”. Afea que el consistorio deje en el aire concretar dónde se debe realizar el aislamiento y la duración, dos cuestiones que deja en manos “de las autoridades sanitarias”.

Frenar el coronavirus

También indica que los ayuntamientos tienen competencias para adoptar medidas de restricción de derechos por motivos de salud pública. Entiende que, a pesar de que suponen una “injerencia en derechos fundamentales”, son “razonables” en la situación de pandemia actual. Reconoce que no existen “otras igualmente eficaces para alcanzar tal fin”, el de frenar la propagación de la Covid-19.