"El problema de la ocupación no está en los juzgados sino en la cobardía de los políticos"

En España no existe legislación que permita a la policía actuar contra los allanadores si no existe inseguridad. Así lo ha manifestado el magistrado de 1ª instancia en Barcelona, Fernando Valdivia, quien ha señalado que "el problema de la ocupación no está en los juzgados sino en la cobardía de los políticos que no reconocen que es un proceso antisocial que lesiona las propiedades".

En el marco de una charla organizada por el COAPI de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) para analizar este fenómeno, el juez, también Doctor en Derecho, ha manifestado que la mayoría de okupas que han pasado por su juzgado desde 1991 no son personas en situación de vulnerabilidad, sino en ocasiones, reincidentes que han convertido la allanación en su modus vivendi.

Autorización judicial

Ramón Riera, presidente de FIABCI, ha coincidido con el magistrado, y ha lamentado que en otros países como Francia, Alemania e Italia, la policía puede actuar para expulsar a los okupas sin necesidad de contar con autorización judicial. "Es una cuestión política que otros territorios sí han sabido resolver", ha apuntado. Por ello ha señalado que sería conveniente dotar a los cuerpos de seguridad de competencias para expulsar allanadores y evitar así procesos legales largos y farragosos. En su caso, tardó cinco años en echar a los ocupantes de una vivienda en Arenys de Mar.

Esta problemática no solo la sufren particulares, sino también constructores que deben asumir los sobrecostes de paralizar una obra por una ocupación. Manel Roger, director de Noucastor, ha admitido que contrata seguridad privada para, no solo evitar robos en los solares, sino que okupas se hagan con los edificios. Así, ha explicado el caso de un bloque de obra nueva en Barcelona, que allanaron el día que los pisos se entregaban a los propietarios. "Se llevaron los muebles y los electrodomésticos del piso muestra al ático. No era gente marginal, sino profesionales que cambian las llaves y venden los pisos por 1.200 o 1.500 euros". Una vez recuperadas las viviendas, la compañía contrató vigilancia 24 horas.

Ocupación ilegal

Validivia ha lamentado que los "complejos de los políticos les hagan pasar la pelota a la judicatura" y ha abogado por que los magistrados dicten órdenes de desalojo cuando se produce una ocupación. "Lo que ocurre es que estamos divididos, por si hay o no mayor garantía en el juicio", ha admitido. También ha apuntado la posibilidad de crear un juzgado especializado en esta materia, ya que, a consecuencia de la pandemia, los procesos se han retrasado todavía más.

Por su parte, Albert Ferrer, abogado penalista del bufete Garrigues, ha explicado que el éxito judicial contra los allanadores dependerá de determinar si la ocupación ha sido o no delictiva, y si constituye un ilícito de usurpación. "Si tengo una casa en la playa, no voy en seis meses y cuando lo hago está ocupada es usurpación. En cambio, si yo resido en ella y me voy a comer y vuelvo y encuentro a las personas dentro, es allanamiento de morada, y ahí la capacidad de respuesta del Estado es más ágil porque facilita la expulsión", ha detallado.

Mafias

Otra cuestón son las mafias organizadas que ocupan edificios enteros y revenden los pisos. "O bien tenemos una denuncia inicial en el que se identifica al okupa y se le notifica para ir a juicio, o se nos rompe el tipo penal", ha manifestado el letrado. 

Todos los participantes han admitido la dificultad que conlleva la expulsión los allanadores, así como la escasa capacidad de acción de los cuerpos de seguridad contra ellos, y todo por una cuestión de amparo legal, contra la que tampoco pueden hacer nada los magistrados, como ha reconocido Valdivia.