Vigilantes demandan a Treball ante el TSJC por imposición de servicios mínimos durante su huelga

El sector de la seguridad privada en Cataluña se planta. Los vigilantes, agrupados bajo ADN Sindical, han presentado este lunes una demanda contra el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, por la modificación de los servicios mínimos de la huelga indefinida que comenzaron el 1 de julio.

Mediante un decreto ley, Treball, a petición de la Consejería de Justicia, ha modificado los turnos que el colectivo debe cumplir durante los paros. Entre ellos, fija el 85% de los servicios en centros de menores y sedes judiciales. Aunque están de acuerdo con el primer extremo, no con el último, al considerar que constituye una vulneración de su derecho a huelga. 

Cambio de servicios mínimos

En el texto, al que ha tenido acceso Crónica Global, ADN Sindical manifiesta que el 29 de junio, el departamento de Chackir El Homrani fijó los turnos que debían prestar durante los paros, que persiguen la creación de un convenio colectivo para los vigilantes a nivel autonómico. Un orden, publicada en el DOGC, que no establecía que debiesen custodiar las sedes judiciales del territorio. 

Días después, algunas empresas de seguridad, como Sabico, requirieron a los profesionales del sector para realizar dicha labor, coincidiendo con la fecha --16 de julio-- en que habían convocado una manifestación en Barcelona; motivo por  el que se negaron, al ser "ilegal", por no estar contemplados en los servicios mínimos fijados.

Queja ante el Síndic

La reacción de Justicia ha sido emitir un informe en el que solicita que sí cubran estas sedes de la administración, y Trabajo ha publicado una modificación del decreto ley para fijar nuevos servicios mínimos que, ahora sí, incluyen el 85% de turnos de custodia de los tribunales catalanes.

El colectivo también ha presentado un escrito ante el Síndic de Greuges, en el que exponen la misma problemática: la imposición de nuevos turnos durante su huelga, "sin reunión previa ni haberlo consensuado con Interior, cuyos técnicos de seguridad deben elaborar un informe" al respecto. Por ello, desde ADN Sindical, también reclaman la intervención de Rafael Ribó en lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales.