Vuelta de tuerca a la huelga indefinida del sector de la seguridad privada en Cataluña. Pese a que el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias fijó los servicios mínimos de los paros el pasado 29 de junio, ahora pretende modificarlos mediante un nuevo decreto e incluir la obligatoriedad de cumplir el 85% de los turnos ante sedes judiciales y centros de internamiento de menores.
Una modificación que todavía no ha sido publicada en el DOGC, aunque así se comunicó a los vigilantes, y que se producirá, según han avanzado desde ADN Sindical, días después de denunciar que una de las empresas, Sabico, pretendía imponerles "falsos servicios mínimos" en los juzgados de Lleida. Tras una reunión entre representantes del Departamento de Justicia y la compañía, finalmente, se decidió que fuesen efectivos de Mossos d'Esquadra los encargados de custodiar los tribunales del Segrià y no el colectivo, tras iniciar sus paros el 1 de julio.
Informe de Justicia
Ahora, es esa misma consejería la que ha instado al departamento de Chakir El Homrani a modificar las pautas fijadas, e incluir nuevos servicios mínimos que hagan que los vigilantes aumenten sus jornadas durante la huelga, mediante un informe del 15 de julio, la misma fecha en la que admitieron a Sabico que los vigilantes no tenían obligación de proteger juzgados y tampoco centros juveniles.
En el caso de los espacios de internamiento de menores, la consejería que dirige Ester Capella señala que los trabajadores de seguridad privada son indispensables porque "controlan los accesos, el sistema de seguridad y mantienen el orden en su interior". Los vigilantes están de acuerdo con este extremo, pero no así en el caso de las sedes judiciales. El argumento del Govern es que este colectivo presta "un servicio necesario para el funcionamiento de los tribunales", entre otras razones, por su intervención "en caso de incidencias durante la tutela judicial efectiva" y alega que su labor es la de "garantizar derechos fundamentales que no pueden decaer frente al derecho de huelga".
Demanda ante el TSJC
Desde ADN Sindical denuncian que Justicia no ha contando con el asesoramiento de Interior, que es quien indica la idoneidad o no de los servicios mínimos fijados en materia de seguridad --informe de Mossos d'Esquadra mediante--. "La modificación de Trabajo, a petición de Justicia, algo inédito, solo busca cubrir sus servicios y le dan igual los derechos de los vigilantes", lamenta su portavoz, Sergio Sánchez. Por ese motivo, en caso de que finalmente se haga oficial, el colectivo presentará una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impugnar los nuevos servicios mínimos.
"Por esa regla de tres, esos turnos serían extensibles a cualquier edificio de titularidad pública", señala Sánchez sobre la imposición de velar por la seguridad en los juzgados.