Cáritas advierte del impacto económico de la pandemia. Dos de cada tres familias que atiende la entidad se encuentran en situación de pobreza severa. Los más afectados son hogares que vivían de la economía sumergida. Ahora no solo no cuentan con un contrato laboral, sino que no pueden acogerse a ninguna ayuda de la Administración para salir adelante.

Además, el 68% de los núcleos familiares que piden ayuda a la organización se encuentran en paro. Los ingresos del conjunto de atendidos han caído un 33%, hasta quedar en una media de 536 euros mensuales. Muchos de ellos no cuentan con dinero suficiente para hacer frente al pago del alquiler o los suministros de sus viviendas.

Precariedad en los hogares

Tras conocer los datos del informe --con entrevistas a 550 atendidos-- que recoge el efecto de la crisis entre los más vulnerables, el presidente de Cáritas Cataluña, Francesc Roig, advierte de que "esta situación no está afectando a todas las personas por igual, sino que el impacto ha sido más evidente en aquellos hogares que ya estaban en una situación de mayor precariedad”.

Los más afectados son personas de origen extranjero, que sobrevivían gracias a empleos de economía sumergida. Del total de atendidos por la organización, el 36% se han visto obligados a reducir los gastos de alimentación y otro 19% ha tenido que dejar de comprar medicamentos, por falta de ingresos.

Ansiedad y problemas para dormir

La pandemia también ha golpeado a hogares con menores a cargo. El 12% de los consultados por Cáritas admite que ha renunciado a un empleo para poder cuidar de sus hijos. También aumentan la ansiedad y la dificultad para conciliar el sueño por la incertidumbre ante la situación. 

Para paliar esta pobreza severa en mucho hogares, la entidad señala la necesidad de impulsar "estructuras comunitarias que favorezcan espacios de cohesión social. Las entidades sociales del Tercer Sector tienen un reto en la construcción de estos espacios y en el fomento de la participación tanto de las personas destinatarias de la acción como de las personas que pertenecen a la comunidad", subrayan.

Frenar la pobreza

También reclaman que la Administración "impulse políticas públicas de vivienda encaminadas a facilitar el acceso y el mantenimiento de un hogar asequible para todos". En cuanto a los ingresos, apuntan, es necesario un encaje correcto entre el ingreso mínimo vital (IMV) y la renta garantizada de ciudadanía (RGC), para que ambas sean complementarias.