La nueva estrategia de la Generalitat para contener el coronavirus en la comarca del Segrià no gusta. La Fiscalía Provincial de Lleida se ha opuesto a que la justicia ratifique el encierro domiciliario de la población de Lleida ciudad (incluidas las pedanías Sucs y Raimat), Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig y Torres de Segre.
El fiscal jefe que ha remitido la decisión judicial, Juan F. Bone, afirma en su escrito que esta medida es de competencia estatal "y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso". Lo máximo que podría hacer el presidente del Govern para aplicarla sería "solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981.
Los vecinos también rechazan la clausura
La negativa del fiscal ilerdense no es la primera muestra de rechazo que recibe la inciativa del Govern para los municipios del Segrià. Unos 300 vecinos de Lleida se han manifestado pocas horas después de que se dieran a conocer las nuevas medidas de restricción de la movilidad e incluso han pedido la dimisión de Quim Torra y de Miquel Pueyo, alcalde de la ciudad.
Entre los manifestantes se encontraban los dos presidentes del Eix Comercial de Lleida y de la Associacio de Comerciants de la Zona Alta, las dos organizaciones del comercio más importantes de la ciudad. Ambos han pedido a sus asociados que abran sus establecimientos con la máxima normalidad posible, ya que aseguran que las medidas establecidas contra el coronavirus se aplicaban de forma correcta y se cumplían.