El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al Consorcio del Barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs, en Barcelona, reactivar el proyecto de expropiación del edificio Venus, que preveía el derribo del bloque y el realojo de sus vecinos, tras diez años paralizado.

En su fallo, el alto tribunal catalán estima el recurso presentado por los vecinos y condena al Consorcio --integrado por los ayuntamientos de Sant Adrià y de Barcelona, la Generalitat y la Diputación-- a seguir adelante con el plan, que prevé la demolición del degradado edificio, el realojo de los vecinos y la regeneración de la zona.

Alegaciones de los vecinos

El proyecto, que se aprobó en 2002, estaba paralizado a raíz de las alegaciones que presentaron los vecinos del edificio Venus, disconformes con la tasación sobre el valor de sus viviendas y que adujeron que no podían hacer frente a los pagos que se les exigían para acceder a los pisos donde iban a ser realojados.

El TSJC reconoce ahora que la inactividad del Consorcio durante estos años ha impedido ejecutar las medidas aprobadas, que preveían intervenciones urbanísticas para frenar la exclusión y marginalidad que estigmatiza al barrio.

Inmueble insalubre y peligroso

El proyecto de expropiación del edificio Venus, que se consideró clave para eliminar una de las principales bolsas de precariedad social del área metropolitana de Barcelona, fue aprobado definitivamente en 2009, pero se encalló tras la negativa del Consorcio a aceptar las alegaciones vecinales.

Ello ha obligado a los vecinos del edificio a seguir residiendo en un inmueble que, según aducen, es insalubre y peligroso, sin que desde 2002 se han llevado a cabo obras de mantenimiento, acondicionamiento o mejora.

Resolución del conflicto

La abogada del Colectivo Ronda Mariona Torra, que representa a los vecinos ante los tribunales, ha celebrado la sentencia porque "abre la puerta a la resolución de un conflicto que tiene como trasfondo la falta de verdadera voluntad para intervenir en un contexto urbano que supone una condena para las personas obligadas a vivir allí".

Para la letrada, la "pasividad de la administración en el caso de Venus no tiene justificación posible" y las discrepancias de los vecinos respecto a las tasaciones estaban totalmente "justificadas".