"En nuestros grupos no hay cabida para la violencia, el racismo y la política". La Patrulla Vecinal de Mataró, un grupo ciudadano surgido tras la ola de okupaciones delictivas y repunte de algunos tipos penales en la octava mayor ciudad catalana (128.000 habitantes), se desmarca de la xenofobia. Lo que es más, la plataforma asegura que tiene a más de 1.200 residetes organizados por mensajería para bregar contra el repunte de algunos delitos concretos, como robos con violencia o intimidación.
En un comunicado, Patrulla Vecinal asegura que rechaza toda forma de "violencia, racismo y política" y que no van a permitir que "se nos catalogue como algo que no es", en referencia a informaciones periodísticas que apuntaban a comentarios xenófobos en algunos foros y las acusaciones vertidas durante una concentración en memoria de George Floyd el miércoles. "Este tipo de acusaciones atentan hacia nuestra integridad como vecinos y vecinas de Mataró y no vamos a permitirlas. No nos sentimos identificados con ningún tipo de política", sostiene la Patrulla.
1.200 vecinos organizados
El movimiento intenta, según ellos "paliar la ola de delitos y okupaciones que están ocurriendo en Mataró desde aproximadamente el primer trimestre del año". Con éxito, insisten, ya que cuentan con 1.240 vecinos conectados a los canales de avisos al segundo de Telegram y más de 7.000 en un grupo de Facebook. Aseguran que "en ningún momento hemos tomado los papeles de la Policía Local ni de los Mossos d’Esquadra", sino que lo que persiguen es "ayudarnos y darnos tranquilidad entre la vecindad de la ciudad".
Ello es mollar en la medida en la que el Ayuntamiento de Mataró y los Mossos d'Esquadra rechazan este tipo de soluciones de patrullaje vecinal. Desde la administración local y la policía catalana se ha avisado de las posibles "graves consecuencias" que podría generar un grupo vecinal de seguridad ciudadana.
Entran la seguridad privada y los abogados
Sea como fuere, el problema de la ola de inseguridad en Mataró está provocando otros fenómenos paralelos a la Patrulla Vecinal. Algunos comerciantes han contratado seguridad privada a la hora del cierre ante las constantes intimidaciones por parte de bandas criminales. En paralelo a ello, el bufete de abogados local Iurolex se ha ofrecido a ayudar a los vecinos del municipio que deseen personarse como acusación particular en delitos en los que ellos sean las víctimas.
Cabe recordar que el alcalde de la urbe metropolitana, David Bote (PSC), ha pedido ayuda al Ministerio del Interior para atajar una cadena de robos y okupaciones de inmuebles con fin delictivo --y no habitacional-- en la localidad. Antes de ello, el Departamento catalán de Interior ya acudió a una Junta Local de Seguridad extraordinaria [ver nota aquí] en mayo y anunció el despliegue del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), los antidisturbios ligeros de los Mossos.