Temporeros duermen en las calles de Lleida durante la crisis sanitaria

Como cada año, durante la temporada de recogida de la fruta, decenas de trabajadores malviven en las calles de Lleida. Fue esta semana cuando la Consejería de Salud habilitó un hotel con 49 habitaciones en la ciudad, y anunció que abriría una casa de colonias con 130 camas para el confinamiento de personas en contacto con trabajadores de la campaña agraria que hubiesen dado positivo por coronavirus. Pero, ¿qué sucede con los empleados sanos? 

La Paeria ha destinado el pabellón Agnès Gregori --80 plazas-- para acoger a los temporeros, y ha anunciado que este 1 de junio estará operativo otro en Fira, con capacidad para 122 personas. Mientras tanto, vecinos y entidades denuncian la situación de emergencia que viven los empleados que, tras una dura jornada laboral, en muchas ocasiones malpagada, se encuentran sin un techo bajo el que refugiarse. "Es la problemática de cada año, pero el añadido de la crisis sanitaria hace que estén mucho más desprotegidos", denuncia Gemma Casal, miembro de la plataforma Fruita amb Justícia Social.

Empadronamiento sin domicilio

Dede la entidad remitieron un escrito a todos los ayuntamientos para exigir el empadronamiento sin domicilio fijo. "La ley dice que es obligatorio, y se puede hacer en una dirección institucional", detalla Casal. La cuestión es que, para ello, quienes se encuentran en la calle necesitan ser informados. "Durante el confinamiento no hemos podido hacerlo nosotros, y deberían encargarse trabajadores municipales o de servicios sociales", apunta. El problema es que, en ocasiones, les exigen más documentación de la estrictamente necesaria. Este proceso supondría, no solo acceso a ayudas, sino también a la sanidad y, en el caso de los menores, a la educación. 

Durante estos días, asociaciones y vecinos también han denunciado batidas policiales por perfil racial. Despliegues de agentes de la Policía Nacional, que ostenta las competencias de extranjería, acompañados por Mossos d'Esquadra, detalla Casal. "Es la única respuesta que ha dado el Gobierno español a la gestión de la campaña. En vez de hacer cumplir los protocolos sanitarios y exigir a la patronal que ofrezca alojamientos y contratos, facilita la expulsión de la gente de los pueblos, por las quejas de los alcaldes al verlos en la calle", señala. 

En la calle en plena pandemia

Desde Fruita amb Justícia Social tildan de "vergonzoso e indignante" que se habiliten pabellones "por si acaso alguien contrae la enfermedad" mientras se deja sin techo a decenas de personas que trabajan en el campo, y que tampoco tienen acceso a las medidas higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias durante la pandemia. 

Como cada temporada, en numerosas ocasiones, los empleadores incumplen el convenio que fija el salario que deberían percibir. "Es evidente, si hay gente en la calle que está trabajando, lo primero que vulneran es el compromiso de darles alojamiento", recuerda Casal.

Coste social de la recogida de fruta

Y es que, como señala esta plataforma, aunque una parte muy significativa de la patronal agraria esté haciendo "las cosas bien", quienes incumplen el convenio, "generan un coste social enorme". Es más, Casal advierte que esta situación empuja a muchas personas, que en muchos casos proceden del continente africano, a caer en manos de mafias por no poder trabajar de forma legal. "Es entonces cuando les pagan una miseria. Continuamos denunciando que no se les abonan las horas extras, y tampoco los días de lluvia, cuando debería percibir el 20% del salario", señala, sobre todo "los que tienen contratos a través de ETT". 

La reivindicación es clara: alojamientos para las personas que llegan al Segrià para trabajar en el campo. Una tarea que años atrás desempeñaban estudiantes o mujeres de la zona pero, cuando pasaron a ejercerla personas de otros países, algunas en situación irregular, se instauró un sistema que permite que malvivan en la calle, sin acceso a recursos y que impide que, pese a trabajar de sol a sol, puedan tener una vida digna.