Fue el 17 de enero de 2015 cuando Juan Cadenas, policía local en Puerto Serrano, Cádiz, salió a patrullar junto a un compañero cuando divisó un coche haciendo trompos. El vehículo no interrumpe la marcha pese a las advertencias de los agentes, que acaban arrestando al conductor, miembro de un clan de delincuentes, conocido en el pueblo como Los Cachimba. Con este ya en comisaría, allí se plantan dos hermanos del detenido. Uno de ellos agrede a Juan con un trozo de cristal, que le clava repetidamente. Ataque tras el que pierde un ojo, y casi la vida, ya que uno de los cortes se situó a solo un centímetro de la yugular. Tras ello, lleva años inmerso en batallas judiciales para poder acceder a una segunda actividad dentro del cuerpo, opción que el consistorio le deniega. "¿No valgo para otro trabajo?”, cuestiona.
Y es que solo un año después, la Seguridad Social le notifica que recibirá una pensión por incapacidad, que supone el 55% de su salario. Fue tras pasar la evaluación de un tribunal, pese que él, asegura, había pactado su reincorporación con el Ayuntamiento tan pronto se cerrase el proceso penal contra sus agresores en 2017. “Me comunican que ya no soy funcionario y, directamente, me echan a la calle”, cuenta a Crónica Global. Es entonces cuando empieza su periplo judicial. Y es que, la comisaría en la que prestaba servicio era la antigua cafetería de una estación de autobuses. El cristal con el que Pedro Venegas le agredió era un fragmento de la puerta.
La comisaría era una cafetería
“Solo se cerraba por fuera, y en ese caso, con un detenido y un ataque no pudieron hacer nada. Tampoco había calabozos y el preso estaba sentando en una silla en el pasillo. Las cámaras de seguridad eran de pega, vergonzoso”, detalla Juan José Agún, responsable de riesgos laborales que ejerció como perito de parte en el caso de Cadenas. Aunque por ser policía se consideró que sus lesiones no obedecían a un accidente laboral, ganó la batalla en los tribunales. Tras esa victoria, inició un proceso para reclamar un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad del consistorio y este viernes un juez ha condenado al ayuntamiento a hacerse cargo del pago, por el principio de indemnidad, ya que Los Cachimba se han declarado insolventes.
Durante todo este proceso, Juan ha estado acompañado por L'Associació per la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitats (AILPOLD), con sede en Barcelona. Su presidente, Vicenç Flores, ha ayudado a Cadenas en todo lo que ha necesitado. “También me ha servido como terapia. Ver que no eres el único que está en esta situación y que había compañeros incluso peor”, relata. Y es que su lucha va más allá del “amor propio” y persigue “ayudar a los que vengan detrás, por sentido de la justicia”.
"Anulado" en el ámbito laboral
Su mayor aspiración no es otra que ser reubicado dentro del cuerpo, ejercer la profesión de policía para la que con “gran esfuerzo” opositó. Por ahora, el Ayuntamiento de Puerto Serrano se lo impide. Para ello, la administración se escuda en el artículo 3.2 de la Ley (31/1995) de Prevención de Riesgos Laborales, que excluye a policías, guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas. “Es una falsa excepción porque ya ha habido varias sentencias en contra. La directiva europea dice que no exceptúa por razón de pertenencia a un cuerpo sino porque se ejerza algún tipo de actividad especialmente peligrosa y tiene que priorizarse el deber con los ciudadanos frente a la protección propia”, detalla Agún, quien lamenta que muchos consistorios se han aferrado al precepto para descartar el accidente laboral de muchos policías. “No se entiende que les denieguen acceder a una segunda actividad laboral, pero en el caso de Juan todavía menos, cuando él conduce, tiene autonomía, y solo sufre una disminución visual”, subraya.
Cadenas señala que fue más fácil que la justicia condenara a sus agresores --13, 11 y 8 años de prisión-- que no que la administración le readmita. Cuando le agredieron, él y su mujer esperaban a su segundo hijo. Durante estos días de encierro, mientras ella acude a trabajar él ayuda a los pequeños con los deberes. Es consciente de que su situación le ha permitido pasar más tiempo con su familia, y valora que todo lo que ha vivido desde que aquel cristal pasó a un centímetro de su yugular es un regalo, pero se siente “anulado por completo en el ámbito laboral”, y, a nivel psicológico, ha sufrido las consecuencias.
Ocho meses sin nómina
Cuando perdió el ojo mientras desempañaba su labor, llevaba ocho meses sin cobrar la nómina. Ahora, tras cinco años de procesos judiciales para recuperar su puesto, señala: “lo paso mal, cuando pasa la policía por delante de mi casa se me hace un nudo en el estómago, no te lo voy a negar”. Y es que llega a entender que fue agredido por un grupo de delincuentes “porque ese es su comportamiento", pero no cómo le "trata la administración pública”.