Falta material de protección pero el consistorio de Barcelona rechaza la donación de pantallas para su personal. Así lo ha denunciado el sindicato CSIF, quien asegura que el responsable de Riesgos Laborales ha informado de que, durante su jornada laboral, tanto agentes de la Guardia Urbana como bomberos solo pueden utilizar el material que les proporcione el ayuntamiento.
La organización subraya que ante la falta de suministro de equipos de protección individual (EPI), han suministrado 500 de estas pantallas, que una asociación fabrica de manera altruista, pero para que los funcionarios puedan utilizarlas necesitan la autorización de la administración. "Impiden que se utilicen a pesar que no dotar ellos mismos del material adecuado", han denunciado a través de un comunicado este miércoles.
Prohibición de usar mascarillas propias
El sindicato recuerda que solo entre las filas de las Urbana hay más de 800 afectados --entre infectados y en aislamiento preventivo-- por "la nefasta gestión del consistorio" de Ada Colau y señalan que la prohibición de usar las pantallas es "inaudita". En el ejercicio de nuestra libertad sindical, repartimos este elemento de protección, por considerarlo útil y necesario para aquellos servicios "esenciales que deben de hacer frente al Covid-19, sin disponer de todos los EPIs necesarios", apuntan desde CSIF.
Es más, recuerdan que cuando se decretó la pandemia y los agentes no disponían de EPIs fueron ellos mismos quienes tuvieron que hacerse, por su cuenta, como material de protección. "Ustedes prohibieron el uso de mascarillas durante el servicio bajo amenaza de abrirles expedientes disciplinarios", apunta el sindicato. Así, lamentan que el ayuntamiento "no sólo sigue sin repartir el material necesario y suficiente para sus trabajadores sino continúa impidiendo que sus trabajadores se protejan con sus propios medios".
Una de las pantallas de protección donadas / CSIF
Mascarillas defectuosas
Una situación que se produce, además, después de que el pasado 7 de mayo, el consistorio retirase una partida de mascarillas defectuosas repartidas entre los policías locales después de que CSIF pidiera al consistorio que confirmara la autenticidad del material por la fragilidad de las mismas.
Ese mismo día, la organización denunció a la alcaldesa ante la Fiscalía por su gestión en la crisis del coronavirus, y ampliará esta denuncia penal por el caso de estas mascarillas supuestamente defectuosas.