La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga por la vía penal un total de 86 residencias de ancianos por su actuación durante la pandemia del Covid-19, de las cuales 20 son catalanas --18 en Barcelona, una en Lleida y otra en Tarragona--.
Añade que actualmente también constan abiertas 126 diligencias civiles --50 en Cataluña--, en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.
40 centros en Madrid
De las 86 investigadas, un total de 40 se encuentran en Madrid. El pasado viernes, Fiscalía informó de que las investigaciones por posibles delitos se limitaban a 38 residencias. Así, según el último recuento se investigan por la vía penal un centro en Zaragoza; otro en Arrecife-Puerto del Rosario; siete en Castilla y León, cinco en Extremadura, al igual que en Galicia, y otro más en La Rioja.
Por lo que respecta a las diligencias civiles, se han abierto diez en Andalucía, tres en Aragón, dos en Canarias, tres en Cantabria, ocho en Castilla-La Mancha, quince en León, nueve en la Comunidad Valenciana, siete en Extremadura, once en Galicia, uno en La Rioja, cuatro en Madrid, y uno en Murcia, Navarra y País Vasco.
Seguimiento permanente residencias de ancianos
Desde el inicio de la actual situación de emergencia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores ha realizado seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores.
En nuestro país existen aproximadamente unas 5.457 residencias, públicas y privadas. En el ejercicio de su función, la Fiscalía ha tratado de no entorpecer la primordial actividad socio-sanitaria de los diferentes establecimientos.