Casi 2.000 ancianos fallecidos, denuncias de maltrato, desinformación a las familias. El balance que el sector asistencial un mes después de que se declarara el estado de alarma por el coronavirus es dramático. La presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, ha escrito un artículo en el que analiza la situación actual del sector de atención a las personas mayores bajo el título Un mes de sufrimiento. Pascual se muestra muy crítica con la gestión de las administraciones, pero también hace autocrítica.
"Más allá de percepciones personales, el coronavirus existe y la situación es extremadamente grave, sobre todo entre la gente mayor, un colectivo muy vulnerable a la infección y más cuando se trata de personas en situación de dependencia. A día de hoy tenemos 3.920 personas diagnosticadas con la Covid-19 en las residencias de ancianos en Cataluña" y según las mismas fuentes del Departamento de Salud, añade Pascual, "se calcula que han muerto 1.898 personas, el 50% de las defunciones totales por esta enfermedad en el país. Son datos que hay que tomar con precaución porque en estos momentos se hace muy difícil saber cuántas personas hay en realidad infectadas por el virus y cuántas pueden haber muerto por este motivo".
Los test llegan tarde
La carencia de test que permitan diagnosticar la infección "nos impide, por un lado, saber la afectación total en el conjunto de residencias del país, y por otra parte, cómo actuar en los centros. Una diagnosis amplia, general y coherente, con unos cribajes que tuvieran en cuenta criterios clínicos y asistenciales, nos permitirían dar una respuesta adecuada al reto que nos estamos enfrentando. Hay que mirar cada caso, establecer derivaciones hospitalarias cuando sea preciso, buscar métodos alternativos o permanecer en la residencia cuando sea posible, incluso en los episodios de final de vida".
Alude al compromiso, por parte del Departamento de Salud, "de hacer llegar test a lo largo de esta semana, una medida que llega con un mes de retraso porque ACRA ya advirtió hace muchas semanas que era necesario asumir esta crisis desde una perspectiva sanitaria y no sólo asistencial, requerimientos que efectuamos a las administraciones correspondientes y que no han tenido respuesta hasta hace muy pocos días".
Petición de ayuda a las residencias del alcalde de Sant Adrià / CG
Entre el 13 de marzo y el 13 de abril "han pasado muchas cosas. Hemos visto como la vida nos cambiaba completamente, como las calles quedaban desiertas, como los profesionales de nuestros centros debían trabajar sin mascarillas, guantes, gafas y batas, los famosos EPI (equipos de protección personal). A día de hoy todavía hay muchas residencias del país que no tienen y que se les han tenido que procurar de forma privada o mediante donaciones voluntarias que desde aquí quiero agradecer por lo que tienen de compromiso y solidaridad en unos momentos tan difíciles. La insuficiente respuesta institucional no es admisible porque son las residencias y sus profesionales quienes deben cuidar el colectivo más vulnerable".
Descrédito y autocrítica
Las críticas también han sido "feroces" contra las residencias, explica la presidenta de ACRA. "Noticias de presuntos malos tratos, de mala gestión, de desinformación a las familias ... Incluso una denuncia de la Fiscalía General del Estado. El descrédito ha sido considerable, nos ha hecho daño y ha dañado nuestra imagen de forma muy injusta porque hemos trabajado y estamos trabajando muchísimo para dar la mejor atención. Y todo ello sin recursos materiales sanitarios ni protección para los profesionales".
"Seguramente habrá personas que no habrán actuado correctamente --admite Pascual-- ante el pánico provocado por la entrada de la Covid-19 en los centros. No estábamos preparados para afrontar esta situación, todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. No hacer autocrítica, en estos momentos, estaría fuera de lugar, pero hay que distinguir entre los posibles casos aislados de mala praxis y una dejadez institucional sostenida en el tiempo, un abandono total durante este mes en el que la falta de respuesta de las instituciones públicas ha dejado el sector al margen del precipicio.