Personas con discapacidad denuncian discriminación en la atención sanitaria

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) ha denunciado la aplicación de directrices éticas médicas que discriminan a las personas con discapacidad en la atención sanitaria.

Durante la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus, desde el comité denuncian que "ni la comunidad científica ni las autoridades responsables de las políticas sanitarias de nuestro país han sido capaces de consensuar y armonizar una guía de criterios para acompañar a los profesionales sanitarios en su práctica en la priorización, no para denegar o limitar la asistencia sanitaria", ha señalado su presidente, Antonio Guillén, a través de un comunicado.

Discriminación en las recomendaciones

Y es que, ante esta circunstancia, durante los últimos días se han publicado "diferentes guías de recomendaciones, algunas de ellas elaboradas por la propia administración pública, en la que se hace referencia a criterios de dependencia, fragilidad y edad y, por tanto, que valoran la situación personal en vez del estado de salud de la persona enferma y que, en consecuencia, pueden ser discriminatorias”.

"Las administraciones públicas y los profesionales de la salud, tanto de la red pública como privada, deben garantizar una atención sanitaria equitativa y sin discriminaciones en situaciones extraordinarias de emergencia pandémica, y garantizar la protección al derecho a la vida sin excepciones", ha afirmado Guillén.

Prejuicios y estigmas

Desde COCARMI denuncian que "los prejuicios y estigmas contra las personas con discapacidad aún están muy arraigados en nuestra sociedad, también en la práctica médica y científica”, y ha pedido “garantizar la diversidad en nuestra sociedad y el valor que todas las vidas enriquecen nuestra comunidad".

En este sentido, el colectivo exige la unidad de criterio de los comités de ética asistencial de los diferentes centros hospitalarios para asegurar la no discriminación por razón de edad o de discapacidad, así como garantizar la formación y capacitación del personal sanitario involucrado en la respuesta a la crisis de la pandemia sobre los derechos de las personas con discapacidad.