La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que, desde el sábado por la noche, 105 presos de Brians 2 están aislados por el coronavirus por el primer positivo en las cárceles catalanes y se prevén más contagios en todas las prisiones catalanas. CSIF ya pidió hace días que extremaran las medias en este sector tan expuesto.

El sindicato más representativo en las administraciones públicas exige a la Generalitat información sobre los casos de coronavirus en las cárceles y medidas preventivas urgentes.

Falta de transparencia

El sábado también empezaron a aplicarse, en todos los centros penitenciarios de Cataluña, unas medidas extraordinarias dirigidas a minimizar el riesgo de contagio entre la población reclusa y los trabajadores penitenciarios. Según fuentes internas de CSIF Prisiones, existen más casos, pero no se informa de ello a nadie. "La falta de transparencia por parte de la administración catalana es inaudita. Los funcionarios están desprotegidos desde el principio de la crisis del Covid-19", afirman.

Se han empezado a aplicar las medidas inmediatas: controlar de forma más exhaustiva la entrada y salida de internos (permisos, ingresos, salidas programadas) y de sus familiares a través del departamento de comunicaciones y las comunicaciones especiales (vis a vis íntimos, familiares y de convivencia) han quedado suspendidas hasta que la normalidad se instale nuevamente en las cárceles, pero las comunicaciones orales (locutorio a través de vidrio) se han respetado e incrementado distribuyéndose en toda la semana (de lunes a viernes).

Concentración de personas

“Esta medida nos plantea muchas dudas al colectivo de prisiones. Si la principal premisa es reducir el número de personas en un mismo espacio y tiempo para evitar el contagio, ¿Qué explicación tienen para agrupar cientos de personas en un reducido espacio como es una sala de espera de comunicaciones?", se pregunta este sindicato. A forma de ejemplo, explican que en el centro penitenciario de Brians 2, con unos 1.600 internos aproximadamente, cada turno de comunicación oral puede llegar a admitir hasta un total de 164 personas juntas, si tenemos tres turnos por día, la cifra final puede acercarse a 500 familiares. La exposición de los funcionarios es evidente”.

"Las medidas de autoprotección --avisan-- de las que disponen los funcionarios son muy pocas o ninguna. Supuestamente, mascarillas para evitar el contagio por vía respiratoria, pero, textualmente, en una instrucción enviada por la Secretaria de Medidas Penales, Rehabilitación y Atención a la Víctima dice que "el uso de mascarillas queda restringido a estos supuestos. El uso indiscriminado de mascarillas es objeto de alarma y se ajustará a las prescripciones establecidas". Así, sólo les dejan llevar las mascarillas en los departamentos de comunicaciones y en otros departamentos les obliga a quitárselas por no provocar alarma entre los internos que preguntan al personal penitenciario que por qué no llevan máscaras de protección. 

Los funcionarios entienden con esto que la Administración está más angustiada por la alarma social que por proteger a sus trabajadores. “¿Cómo es posible que a estas alturas haya centros que no disponen del material imprescindible para garantizar nuestra seguridad? ¿Cómo es posible admitir paquetes de entrada sin limitación cuando queda patente que es uno de los principales focos de entrada de un posible virus?¿Por qué, en un centro penitenciario de grandes dimensiones, se ha autorizado la entrada de voluntarios para asistir al culto religioso?¿Por qué, a diferencia de otras comunidades, no disponemos de un modelo oficial para poder solicitado la flexibilidad horaria para deberes inexcusables?¿Por qué no recibimos información actualizada sobre el estado de los internos y / o compañeros que permanecen en cuarentena?”

Ampliar la medidas

CSIF exige que se amplíe el paquete de medidas extraordinarias oportunas ante una situación nunca vivida hasta fecha de hoy. “Exigimos las máximas garantías para nuestro colectivo y pensamos que esto no es incompatible con respetar los derechos mínimos para los internos y sus familias. Una vez más, demostraremos nuestra profesionalidad y saldremos como hemos hecho hasta ahora, a pesar de no sentirnos apoyados como nos gustaría y como pensamos que nos merecemos. La defensa de los trabajadores públicos es un deber inexcusable para los dirigentes de la Administración, y cuidar de todos nosotros y de nuestros familiares no se puede dejar en manos de la improvisación”.

Suspensión de las comunicaciones

CSIF ha dirigido un escrito a la Consejería de Justicia donde solicita la inmediata suspensión de las comunicaciones por razones de salud pública conforme al RD 463/2020 de 14 de marzo y la distribución del material EPI a todos los trabajadores del sistema penitenciario catalán, ya que consideran que nos encontramos ante una situación que reúne los requisitos del artículo 21 de la mencionada Ley 31/1995 de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores.

CSIF exige que se apliquen las normes y prevenciones que marca el Ministerio del Interior de España y anuncia que, de no dejar en suspensión toda comunicación, pondrán en conocimiento de Inspección de Trabajo esta circunstancia para que determine el cese de actividades con carácter de urgencia. A s vez, informa que tomará las medidas legales que considere oportunas para obligar al Departamento de Justicia a proteger a sus trabajadores penitenciarios ante el Covid-19 y solicitarán que se depuren las responsabilidades oportunas que se puedan dar por las actuaciones que han puesto en peligro la salud pública y la seguridad de los trabajadores penitenciarios.