El nuevo parque o “pulmón verde” de Barcelona, tal y como lo presenta el ayuntamiento, cuenta a escasos metros con un vecino potencialmente peligroso para la salud, según afirman activistas y expertos en la lucha contra el amianto. Inaugurado por la alcaldesa Ada Colau el pasado 15 de diciembre, las 3,6 hectáreas de los flamantes Jardines del Doctor Pla i Armengol del barrio del Guinardó limitan en su lado mar con una nave industrial cuyos viejos tejados de fibrocemento --un material de construcción compuesto en parte por amianto-- han suscitado la alarma debido a su deterioro.
Las inmensas cubiertas de esta nave de la empresa Sorigué, situada en la Ronda del Guinardó, tienen una longitud de unos 30 metros y, a su misma altura, debido al desnivel de la montaña, transcurre en paralelo, separado por una valla y casi a tocar, el camino de la parte inferior del parque, que une las calles de Cartagena y Torrent de Melis.
La posibilidad de que, debido a su desgaste, esos tejados puedan desprender fibras de amianto ha inquietado a algunos vecinos. Más aún si se tiene en cuenta que, junto a ese mismo camino, se encuentran unos huertos urbanos y, más alejada, la zona de juego infantil de los jardines. La nave en cuestión es además colindante con uno de los campos de fútbol del club Martinenc, y se halla a unos 100 metros de una escuela y enfrente del hospital de Sant Pau.
"Tienen que retirarlo"
“Es un tejado de uralita bastante deteriorado, es un escándalo”, alerta a Crónica Global José Ramón Carme, miembro de la comisión de amianto de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y del grupo de amianto de la Plataforma Vecinal Can Baró.
“Hay que plantear que retiren ese tejado, por muchas razones. Por la alta concurrencia del lugar, por la zona infantil… habría que considerarlo un problema de salud pública. Es evidente que está desgastado, fuera de su vida útil y con el consiguiente riesgo de que desprenda fibras de amianto”, denuncia también Miguel Moreno, miembro de la Plataforma de Jubilados de Macosa Alstom Afectados por el Amianto. La construcción del nuevo parque ha supuesto una inversión de 8,6 millones de euros.
La opinión de los activistas, que expusieron el caso en la reunión de la comisión de amianto de la FAVB la semana pasada, es compartida también por otros expertos. Consultado por este medio, el neumólogo Josep Tarrés, coordinador de investigaciones sobre el amianto en el Instituto Catalán de Medicina, asegura que las imágenes "son bastante evidentes de que los tejados de fibrocemento están caducados" y le parece "obvio" que desprenden fibras de amianto al aire de su alrededor y, por tanto, son "susceptibles de ser inspiradas”. Con los consiguientes riesgos para la salud que ello conlleva debido a sus efectos cancerígenos.
"Un peligro evidente"
De la fragilidad de este tipo de materiales da cuenta, además, un enorme cartel situado sobre los mismos, en el cual se lee la inscripción “no pisar, peligro de hundimiento”.
“Son un peligro evidente y hay que desamiantar todo el país, no sólo este espacio concreto, es necesario un plan serio y riguroso a nivel estatal acompañado de una partida presupuestaria”, añade Tarrés.
Lluís Mallart, director técnico de ACM Consultoría y Diagnóstico de Amianto, reconoce también a Crónica Global que, a tenor de las imágenes, la degradación de dicho tejado es “bastante importante” y ve “necesaria” su retirada. A su juicio, “seguramente desprende fibras”, aunque matiza que “sin poder acceder a la cubierta y recoger muestras sólidas no se puede asegurar”.
Desde Sorigué han explicado a este medio que la instalación en cuestión sería una nave de almacenamiento en desuso de su firma Acsa y que la compañía contempla un proyecto de rehabilitación en 2020 en esta planta del Guinardó.
Fuentes del Distrito han negado a Crónica Global tener constancia de quejas vecinales y aseguran que contactarán con los propietarios de ambas instalaciones para investigar y decidir qué medidas emprender.
Materiales caducos
La inhalación de fibras de amianto puede derivar en enfermedades como la asbestosis, el mesotelioma o diversos tipos de cáncer, según reconoce la Organización Mundial de la Salud y refleja la Guía del Amianto de la Asociación de Víctimas y Afectados por el Amianto de Cataluña (AVAAC).
Los materiales que contienen amianto tienen un ciclo de vida de entre 30 y 50 años, según las Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Y en determinados casos, menos, según otros estudios.
"Hay que legislar rápidamente"
Según los expertos, el problema para retirar este tipo de materiales es que, a pesar de que la Unión Europea insta a eliminarlos antes de 2028, la legislación española contempla el amianto como un asunto en el ámbito laboral, pero no ambiental o de salud pública. “Hay que legislar rápidamente, porque la situación es crítica e insostenible”, reconoce Mallart.
El desamiantado de cualquier instalación requiere de extremas medidas de seguridad para evitar la dispersión de fibras en el aire y debe ser realizado por empresas especializadas. Aunque, en el caso de España, según Mallart, ello tampoco garantiza que se haga correctamente. “En otros países se les conceden acreditaciones, aquí basta con un trámite administrativo. Y es cuando más riesgo ambiental hay”, lamenta este técnico especialista.
Petición al ayuntamiento
Por todo ello, desde la FAVB plantean la creación de una oficina específica del amianto en el Ayuntamiento de Barcelona para que, entre otras cuestiones, cualquier ciudadano pueda dirigirse a ella a asesorarse o denunciar situaciones de posible riesgo. El consistorio se comprometió el año pasado a elaborar de un censo de instalaciones con amianto para llevar a cabo un plan de retirada en coordinación con la Generalitat de Cataluña.
El pasado mes de diciembre, la Generalitat constituyó la Comisión para la Erradicación del Amianto de Cataluña (CEAC), cuyo objetivo es evaluar e "impulsar todas las acciones necesarias para eliminar definitivamente la presencia de esta sustancia tóxica" en 2032 como máximo.
Cuatro millones de toneladas
Según los datos del Govern, en Cataluña todavía quedan más de cuatro millones de toneladas de fibrocemento, y entre unas seis y 30.000 toneladas “de proyectados y calofigurados", a pesar de estar prohibido su uso, producción y comercialización en España desde 2002.
Los afectados reclaman que la Generalitat financie protocolos para identificar el elemento, formar especialistas y campañas para localizarlo y retirarlo con seguridad.