El expresidente de la Generalitat Artur Mas, y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega / EFE
TSJC denuncia a Joana Ortega por ejercer un cargo en el Govern, inhabilitada por el 9N
La sala civil y penal sí considera que la extitular de Educación, Irene Rigau, ha cumplido la pena que le impedía ejercer un cargo público durante seis meses
10 diciembre, 2019 13:53El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revoca y deja sin efecto el auto que aprobaba la liquidación de la inhabilitación, durante nueve meses, para el ejercicio de cargos públicos de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega durante la presidencia de Artur Mas por el 9N, por ejercer un cargo en el Departamento de Empresa.
En un auto, la sala civil y penal acuerda remitir el caso a los juzgados de Barcelona, para que investiguen a Ortega por un delito de quebrantamiento de condena al ejercer de asesora de la conselleria de Empresa desde el 17 de mayo, pese a que su inhabilitación expiraba el 19 de octubre pasado.
Irene Rigau
La sala sí considera que la extitular de Educación, Irene Rigau, ha cumplido la pena que le impedía ejercer un cargo público durante seis meses por abrir los colegios para la consulta ilegal de 2014.
Ortega, al igual que el expresident Mas y la exconsellera Rigau, fue condenada por el Tribunal Supremo el pasado 23 de enero. A partir de esa fecha empezaron a contar los nueve meses de inhabilitación por cargo público al que fue condenada. Por ello no podía ejercer ningún cargo en la Adminsitración hasta este octubre pero, a pesar de ello, fue contratada en julio.
Cargo público
El tribunal argumenta que el cargo de asesora es similar al de diputada o concelaja y por eso entiende que la exvicepresidenta eludió su condena al trabajar para la Consejería de Empresa. "Se trata de una actividad que, ciertamente, no es cargo público electivo ni supone ejercicio personal directo de gobierno, pero presenta todas las trazas requeridas para ser tenida como actividad o cargo análogo al desempeño de funciones de gobierno autonómico, impedidas por la pena de inhabilitación impuesta", defiende el TSJC.
Según el auto, Ortega "ha burlado" la pena impuesta por el 9N al asumir un cargo de libre designación en el Govern similar a las funciones de gobierno que tenía prohibidas. Fue nombrada asesora "en el mismo gobierno autonómico aprovechado para la comisión del delito" de desobediencia por lo que considera "indudable" que la exvicepresidenta, en su nuevo puesto, "se colocó nuevamente en posición de potencial contribución" a delinquir.
