La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación por agresiones y malos tratos de policías en el Centro de Internamiento de Extranjería (CIE) de la Zona Franca tras un intento de fuga en 2017 y ha ordenado la imputación de los agentes involucrados.

En un auto, el tribunal ha acordado estimar el recurso de reforma contra el sobreseimiento de la causa que decretó en mayo el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, cuya decisión el tribunal ha considerado "prematura". Según los magistrados, todavía "no se han agotado todas las posibilidades de investigación de los hechos", por lo que han acordado reabrir el caso y solicitar la citación en calidad de investigados de los policías nacionales que se encontraban en el CIE el 21 de septiembre de hace dos años, cuando se produjo el intento de fuga, en el que participaron una treintena de internos argelinos.

Uso de la fuerza

A pesar de que el juez García de Eulate archivó el caso por parte por falta de actuaciones que justificaran "la perpetración del delito", ahora la Audiencia de Barcelona pone en entredicho este veredicto y señala que "cabe la posibilidad de que el uso de la fuerza por parte de la policía esté desconectado temporalmente del intento de fuga", por lo que solicita también que se tome declaración a los denunciantes "a través del oportuno auxilio judicial internacional", así como a la enfermera del centro como testigo de los hechos.

El caso comenzó a instruirse después de que tres internos --ya deportados-- presentaran una denuncia ante el juzgado de guardia por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral contra los policías que les custodiaban cuando se desencadenó la tentativa de fuga.

Sin declaración de los denunciantes

Tal como afea la Audiencia, las únicas diligencias fueron los informes elaborados por el CIE y las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero en ningún caso se tomó declaración ni a los denunciantes, ni a la enfermera ni a los agentes que intervinieron.



La denuncia de los tres internos, presentada a través del centro Irídia de defensa de los Derechos Humanos y la plataforma Tanquem els CIE, acusaba a los policías de haberles pegado, insultado y amenazado con la luz apagada, además de haberlos encerrado con llave durante más de tres horas.