Un estudio ha revelado el agravio económico que sufren las personas con discapacidad en Barcelona simplemente por su condición. El informe impulsado por el Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, y el Comitè Català de Representats de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) cifra entre los 17.700 y los 41.200 euros anuales este impacto para las personas menores de 65 años.
Por primera vez, el estudio titulado Agravio económico de las personas con discapacidad de la ciudad de Barcelona "tiene en cuenta" al colectivo de personas de mayor edad, según lo detallado en el documento. Para ellos, el agravio se encuentra entre los 21.100 y los 36.785 euros.
Costes directos e indirectos
Las cifras varían según si el agravio económico comparativo tiene en cuenta los costes directos de sufrir una enfermedad que produzca algún tipo de discapacidad o si se tienen en cuenta otros tipos de gastos derivados de esta. Es decir, que el estudio también ha tenido en cuenta los costes indirectos sobre qué representa en valores económicos la pérdida de oportunidades del individuo y su entorno, además de lo invertido en recursos necesarios para cubrir las necesidades concretas de cada persona.
Se han analizado aspectos como el laboral o el tiempo y la calidad de vida del entorno de la persona con discapacidad, los ingresos según las deducciones, prestaciones y ayudas, y se han tenido en cuenta hasta 13 perfiles diferentes de discapacidad.
Más políticas públicas efectivas
El estudio destaca la necesidad de que las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad se aborden de manera "transversal" para evitar "duplicidades" y conseguir "superar, de manera efectiva, los agravios de diferente tipología a las que se enfrentan" los pertenecientes a este colectivo. Durante la presentación de este estudio, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se ha destacado que solo el 21% de las 137.824 personas con una discapacidad reconocida en la ciudad de Barcelona dispone del reconocimiento que contempla la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD).
Algunas de las recomendaciones a las administraciones con competencias en la materia son incluir la discapacidad como variable en políticas de tarificación social, tener en cuenta el diferencial de la edad cuando se calcula el agravio, articular actuaciones en clave de género, mejorar los sistemas de información y "huir de las políticas de homogeneización de ayudas".