Los partidos políticos han pasado de puntillas en programas y debates sobre la creciente uberización del profesorado de las universidades públicas. De sus 100.000 docentes, ya casi un tercio son asociados y cobran de media de 500 euros al mes. A ellos se suman otros 30.000 contratados laborales y 40.000 funcionarios. Más de la mitad de estos docentes mejor remunerados se jubilarán en la próxima década.

Los rectores, a través de la CRUE y los colectivos afectados, reivindican desde hace tiempo un "aumento y estabilización de las plantillas". Pero también han recibido un silencio sideral por parte del ministro del ramo y el astronauta Pedro Duque. Esperan respuesta sobre la mesa de su posible sucesor, el podemista Pablo Echenique. 

Perversión legal 

Los expertos sitúan el origen de la actual situación en la crisis económica en 2008. Los recortes paralizaron las políticas de incorporación y promoción de docentes, lo que se tradujo en la no reposición de las plantillas, con profesores que tardan en jubilarse y con carreras profesionales inmovilizadas.

Como el sistema universitario no puede detenerse, las 50 universidades públicas recurren a la figura del profesor asociado, creada por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001. La norma estableció que colaboraran en la formación de los universitarios todo tipo de profesionales “de reconocida competencia”.

Pero, con el tiempo, se ha convertido en una clara perversión legal y los centros contrataron sin freno. Estos “colaboradores” ya forman el núcleo duro de la Universidad. Representan el 60%, frente al máximo de 49% establecido por la ley de universidades. Dieciocho de ellas superaban hace dos años holgadamente la media, según el informe bienal de la CRUE.

Diferencias salariales abismales

La diferencia salarial es abismal con respecto a figuras funcionariales como los catedráticos, que cobran entre 40.000 y 80.000 euros, y profesores titulares con salarios de entre 30.000 y 60.000. Los sueldos de los asociados o docentes low cost oscilan entre 300 y los 750 euros, según estimaciones de la Plataforma Estatal de estos docentes.

Son el mejor ejemplo de la precariedad en la educación. Muchos tienen que darse de alta como autónomos para que parezca que tienen otro trabajo y poder acceder a la nómina de 600 euros mensuales. Así van encadenando contratos que renueva la universidad cuando el servicio es necesario.  

Menos que un canguro

Hay una parte de los asociados que tienen otro trabajo en el sector público e incluso son profesores de magisterio o secundaria. Aunque se puede mejorar su reconocimiento económico, no podría decirse que están en situación precaria. Otros vienen del sector privado y lo que precarizó su situación no fue la crisis sino su otra ocupación.

Pero la mayoría, según la coordinadora, si contasen todas las horas que dedican a preparar clases y corregir prácticas y exámenes, cada una les saldría a menos de 5 euros. “Las limpiadoras/res y los canguros por horas te cobran más”, asegura Luis Junquera, de la madrileña Universidad Carlos III.

La CRUE sostiene que el fraude generalizado se solucionaría con "una mejor financiación de las universidades y la aprobación de un marco jurídico más adecuado para la gestión de personal que permita hacer una planificación estructural de las plantillas".

Estatuto inacabado

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aseguró antes de las elecciones que estaba acometiendo esta tarea dentro del inacabado estatuto del Personal Docente e Investigador. En él también tendría cabida su inclusión en la investigación, ahora vedada porque sus contratos son anuales como máximo.

Como más urgente, y con el compromiso de Unidas Podemos, reclaman anular los artículos que exigen darse de alta como autónomos, que los asociados puedan promocionar a otras figuras y que se permita suscribir contratos de tres años para colaborar en proyectos de investigación.

Relevo con riesgos

El envejecimiento de los profesores de la Universidad pública es otro serio problema. La edad media es de 54 años. Las plantillas están tan envejecidas que en la próxima década se tendrán que jubilar 5.500 catedráticos, 6.500 profesores titulares (casi el 20%) y otros 5.000 no funcionarios, sustitutos, asociados, visitantes o con contrato de doctor.

El Gobierno Sánchez no quiere que, como ocurrió en 1984, se produzca en el relevo una avalancha de contratos estables similar a la de los profesores no numerarios (penenes, no fijos) que llevaban más de cinco años de docencia. De una tacada se convirtió en funcionarios a más de 5.000 con unas pruebas de idoneidad muy laxas. Entraron, recuerda un alto cargo, muchos mediocres y se difuminó la autoridad de los catedráticos y de los que eran funcionarios.