Carolina Escobar Sarti deja claro desde el primer minuto cuál es el objetivo de la asociación La Alianza de Guatemala. “Nosotros no hacemos caridad, promovemos una acción transformadora” con pequeñas que han sido víctimas de abusos sexuales y de trata. Niñas que han llegado a sufrir situaciones de violencia sexual desde los tres años de edad y que la justicia guatemalteca pone a cargo de una entidad que funciona cada año con poco más de 1,24 millones de euros gracias a las aportaciones del Covenant House International, varios cantones de Suiza, el Gobierno alemán, colaboraciones con EEUU y Canadá y Médicos Sin Fronteras de España, entre otras organizaciones.
Esta semana, ha estado en Barcelona para recibir la medalla de honor de la Fundación Internacional Olof Palme.
Pregunta: Usted ha defendido durante muchos años que la prohibición de los matrimonios infantiles en su país no es suficiente. ¿Porqué?
Respuesta: Durante décadas las niñas podían casarse a partir de los 14 años. Luchamos mucho para impulsar un cambio en la ley en que homologase la edad legal de los dos a los 18 años. Fue un proceso que duró muchos años y se consiguió que la norma incluyese una cláusula en que dice que los funcionarios públicos que permitan matrimonios inferiores a esta edad vayan a la cárcel. Esto no se ha cumplido, especialmente en el interior del país. Además, si están embarazadas lo consiguen más fácil.
Pregunta: ¿Cuál es el reto actual?
Respuesta: Hemos bajado la tasa de hijos por mujer de los 5,4 a los 3,8. Es un paso importante, pero en Guatemala existe un imaginario social conservador extendido que indica que el cuerpo de las niñas es para el uso de todos. Esto viene de los ecos coloniales. Incluso tenemos una frase para decir que a partir de los 12 años “ya están listas”.
P: Esto lleva a embarazos de menores.
R: Tenemos a niñas embarazadas a los 10 años con un bebé que no les cabe en el espacio intercostal, la pelvis no está preparada para dar a luz y el corazón late de forma débil y no está listo para el parto. Es un problema de salud pública.
P: ¿Existen datos en este sentido?
R: El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva recoge cifras en los cinco principales hospitales del país. La última que han dado es la mayor de la serie, un total de 114.000 niñas y adolescentes han dado a luz en el último año. En Guatemala, cada 13 minutos una pequeña entre 10 y 17 años queda embarazada.
P: Imagino que hay una parte de los datos que se quedan al margen del control.
R: Exacto, los de niñas que tienen a los bebés con comadronas. Además, se debe tener en cuenta que hay quienes no se quedan embarazadas pero han sido violadas. Existe una cultura que normaliza la violencia sexual en el cuerpo de las niñas y es un problema transgeneracional en el que la madre, la abuela, la tía y la pequeña de una misma familia han sido abusadas. Afortunadamente cada vez ocurre menos, pero para cambiar un imaginario de siglos no se puede desarrollar una estrategia de cinco años.
P: ¿Cómo se lucha contra ello?
R: La sensibilización a través de los medios lleva a algunos avances, pero en gran parte se consigue mediante procesos judiciales. Si los cuerpos de las víctimas tienen memoria, cómo no la van a tener los agresores que puedan terminar en prisión. Ahora empiezan a entender que una relación sexual con una mujer de menos de 14 años es una violación aunque sea consentida, como dice nuestra ley.
P: La normativa existe desde hace una década. ¿Cómo se lucha para conseguir su aplicación?
R: Es complejo. Los 114.000 partos de niñas y adolescentes registrados en 2018 están por encima de los 93.000 que se habían reportado un año antes. Una de las cosas que más nos asustó en 2017 era que en el 89% de los casos los embarazos eran debido a violaciones de hombres de su entorno, léanse familiares o amigos. El 30% de ellos cometidos por los padres biológicos. Cuando les preguntábamos porqué lo habían hecho nos decían “porque es mía” o “porque si algún otro la va a arruinar, la arruino yo primero”. No es una cuestión que se pueda cambiar de forma fácil, es un problema multifactual.
P: ¿Cómo se aborda?
R: Es necesaria una respuesta de litigio estratégico que trabaje en la prevención en las comunidades y en la protección de las víctimas. Pero no para que queden como víctimas para toda la vida, se deben convertir en sujetos de su propia historia. Deben disponer de acceso a la justicia y el Estado debe hacer incidencia a través de medios, leyes y protocolos. Estos es una respuesta integral, con presupuestos enfocados y acciones conjuntas.
P: ¿Se sienten acompañadas por el Gobierno?
R: Definitivamente no. Se debe tener en cuenta que el actual presidente, Jimmy Morales, pertenece a las iglesias evangélicas. Ha instaurado un día de oración y quiere impulsar una ley que legalice incluso el aborto terapéutico, que lo criminalice y persiga a quien lo practique, aún a riesgo de la vida de la madre. Siempre se mete el ruido del aborto como si estuviese relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de una manera responsable.
P: ¿Hay peligro de involución?
R: Ya la tuvimos. Ha habido retrocesos de iniciativas relacionadas con la educación sexual y los derechos reproductivos. Existe un imaginario religioso que nortea y nos hemos parado frente a ello incluso de forma pública. La iglesia y la política han sido una muy mala combinación histórica y para nosotros ha supuesto una involución de los magrísimos logros que habíamos conseguido.
P: ¿Ha minado el trabajo de La Alianza?
R: No, porque nosotros no recibimos ningún dinero del Gobierno.
P: ¿Y por parte de la recepción de la gente?
R: En nuestro caso disfrutamos de más libertad y llegamos a los mismos públicos. El problema es que como no hemos llegado al punto de no retorno es muchos más fácil volver a una práctica conservadora y poco estratégica. Todo ello, dentro de la construcción de un estado menos violento, muy relacionado con la violencia sexual sobre los cuerpos de las niñas. La realidad cotidiana es que muchas no pueden ni ver a sus bebés y otras callan, pero cuando están enojadas sacan sus múltiples traumas.
P: ¿Cómo tratan con las pequeñas que han sido abusadas?
R: El caso de abuso más temprano que tratamos fue una niña que lo sufría desde los tres años. Son los perfiles que conectan de forma más fácil con las redes de trata, ya que llegan a sostener a familias completas. A veces son vendidas por un doble litro de gaseosa y un pan para que coman el resto de los hermanos. Tiene que ver con la discapacidad cognitiva, la falta de nutrición y la falta de educación ya de los abuelos y los padres.
P: ¿Consiguen superar estos traumas?
R: Hay una cuestión física, la ciencia epigenética de los telómeros de las células, que se han encogido por los niveles de estrés, miedo y la adrenalina que ha soportado su cuerpo de forma sostenida. Hay también otro espacio emocional. Los jueces a veces nos han entregado niñas completamente disociadas por ser vendidas una y otra vez. Estos cuerpos tienen memoria y son más difíciles de recuperar. También lidiamos con casos de violencia sexual y podemos hacer frente a ello con mucha estructura.
P: ¿Qué quiere decir?
R: Trabajamos con una metodología para atenderlas. Les damos comunicación en valores y disponemos de un equipo de salud integral compuesto por trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas, psiquiátricas y médicas. Yo ejerzo de su tutora legal y entre todas les garantizamos un espacio seguro. También trabajamos con chicos, aunque no viven con nosotros.
P: ¿Los chicos que han sido abusados son la parte más invisible?
R: Las cifras indican que nueve de cada 10 víctimas de violencia en nuestro país son mujeres, ya sea porque los chicos no denuncian o por otras cuestiones. Nosotros los atendemos, niños que han sido abusados tanto en los sexual como en lo laboral y los repatriamos a Guatemala desde los lugares donde han sido llevados.
P: ¿De cuántas personas es usted tutora legal?
R: Normalmente viven con nosotras entre 60 y 65 niñas, aunque al año tenemos dentro unas 192. A lo largo de nuestra historia hemos tratado a 700 pequeñas y ahora abriremos un centro ambulatorio en Coatepeque, en la frontera de México que es un lugar de trata y tráfico muy fuerte.
P: ¿El futuro de las niñas en Guatemala será mejor?
R: Viendo el presupuesto nacional, con la inversión más baja de Latinoamérica en infancia y adolescencia, es difícil de decir. Uno de cada dos niños menores de cinco años están desnutridos de forma crónica y eso quiere decir que la siguiente generación estará a la medianía de sus capacidades. Podrán acceder a algún oficio, pero nunca a un ejercicio más fuerte. Nosotros trabajamos con la construcción y revisión de las políticas públicas, pero sin una visión asistencialista ni de caridad.
P: ¿Qué visión tienen?
R: Promovemos una acción transformadora con cuatro ejes, como las patas de una mesa. Trabajamos en protección, prevención, acceso a la justicia e incidencia. Y en el centro están ellas y sus derechos.
P: ¿La alianza será más fuerte de aquí a cinco años?
R: Sí. Empezamos trabajando cinco personas en ella y ya sumamos algo más de 70 entre los dos centros en marcha, además de abrir el tercero en breve. Nunca tenemos superávit porque las niñas están con nosotros de forma temporal, trabajamos en su reintegración. Ahora debemos centrarnos en la incidencia para que cuando no estemos no debamos convencer a cada funcionario de turno qué debe hacer con la niñez, la violencia sexual o la trata. Nuestro horizonte es que estas prácticas queden institucionalizadas.