La Audiencia de Girona ha arrancando el juicio contra un hombre de nacionalidad búlgara acusado de lucrarse con la explotación de mujeres de su país a las que traía a España engañadas y las obligó a prostituirse en diversos puntos de la carretera N-II entre 2008 y 2011.

La fiscalía pide para Gyunaydan N.Y., supuesto líder de la trama, 28 años de cárcelo por los delitos de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución coactiva y los mismos delitos en relación a una menor. La organización también estaba conformada por la pareja de este y su hijo, a quien la Audiencia ya condenó en enero de 2017.

Mujeres de escasa formación

Así, la organización se lucraba de la explotación de mujeres en los términos municipaes de  Vilademuls, Bàscara y Pontós. La fiscalía detalla que el procesado formaba parte de una trama que, desde Bulgaria, elegía mujeres con escasa formación, que no hablaban castellano, con familia dependiente y con pocos recursos económicos y las trasladaban aquí y las obligaban a prostituirse hasta saldar la supuesta deuda contraída.



La acusación sostiene que engañó a tres mujeres, una menor de edad, con falsas promesas de trabajo en el sector de la hostelería. Por su parte, en la primera sesión del juicio, el hombre ha negado los hechos y ha sostenido que "nunca" ha hecho venir ninguna mujer desde Bulgaria a Girona.

Amenazas para evitar denuncias

Las víctimas, que han declarado por videoconferencia, han explicado que la trama, que estaba dirigida por el procesado, su pareja y su hijo, se quedaba todo el dinero que ganaban y que para evitar que les denunciaran las amenazaban. Este extremo también ha sido confirmado por los agentes del CNP que llevaron el caso, que han apuntado que la investigación comenzó a finales de 2011 tras la denuncia a las autoridades búlgaras de la madre de una de las víctimas y que las intervenciones telefónicas confirmaron que Gyunaydan N.Y. controlaba el negocio desde Bulgaria.



En enero de 2017, la Audiencia de Girona ya condenó diez miembros de la supuesta trama y les impuso penas de entre 1 año y 9 meses de prisión y 5 años y 3 meses por los mismos delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva, en uno de los casos de una menor de edad.