En España hubo, en el año 2018, 59.671 desahucios, un 1,8% menos que el año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De estos, 37.285, dos de cada tres, fueron a personas que vivían en régimen de alquiler. Cataluña fue, además, la comunidad autónoma en la que se registró el mayor volumen de lanzamientos en un año, con 13.941 (el 23,36% del total nacional), de los que el 63,67% (8.877) fueron por impago de la renta de alquiler. 

En las estadísticas de 2019 parece que, si la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) no lo impide y la comisión judicial hace por fin su trabajo, aparecerá, engrosando el número de desahucios por impago de la renta de alquiler, el de F. J. B. F. y L. L. P, que llevan desde agosto de 2018 sin pagar los 550 euros mensuales de alquiler que pactaron con la propietaria de un segundo piso del número 285-287 de la Calle Vía Favencia. La pareja, padres de dos hijos menores, fue condenada en diciembre del pasado año a desalojar el piso y pagar la deuda, que en ese momento ascendía a 1.858,10 euros. Actualmente, la deuda ya va por más de 7.700 euros, a lo hay que sumar las costas judiciales, que también fueron condenados a pagar. Hasta aquí la cara visible del desahucio. ¿Y la cara B, de la que no se acostumbra a hablar? ¿Quién se esconde tras la propiedad? ¿Una gran fortuna, inversores?

La propietaria, viuda con una pequeña pensión

La cara B de este desahucio tiene nombre propio, Carme Valcarce, 70 años, viuda, voluntaria de asociaciones como Cruz Roja o Fundació Pare Manel y que complementa, o mejor dicho complementaba, su pequeña pensión con el alquiler de la vivienda que heredó de su padre hace cinco años y que hasta agosto de 2018 jamás le había dado problemas. 

“Le alquilé el piso a esta pareja a mediados de 2015. Algunos meses habían pagado tarde, pero me avisaban y no había problema. Siempre acababan pagando. No soy un monstruo, aunque desde la PAH o Servicios sociales se empeñen en demonizarme. Soy una persona razonable, empática y que siempre intento ayudar a quien lo necesita. Pero ¿quién me ayuda a mí?”, se pregunta Valcarce. 

Perdón de la deuda

“Cuando ya debían varios meses de alquiler, contacté con ellos para ofrecerles marcharse, perdonándoles la deuda y sin judicializar el asunto. Me colgaron tras insultarme. Tras enviarles un burofax, como indica la Ley, solicitando que abandonaran la vivienda, interpusimos la demanda en octubre de 2018. En la demanda ya solicité que el juzgado avisara a Servicios Sociales de Barcelona para que comenzaran a buscar piso para estos inquilinos, ya que se encontraban en situación de riesgo”, detalla la letrada Maite Pons. 

El pasado 29 de mayo tuvo lugar el primer intento de desahucio. “Intento, porque en eso quedó. Cuando llegamos nos encontramos con la puerta de la vivienda bloqueada por una treintena de activistas de la PAH intentando impedir el lanzamiento”, cuenta la abogada barcelonesa. A la cita también acudió Servicios Sociales, “que actúan en total connivencia, hasta se podría llegar a pensar que ellos mismos han avisado a la PAH, y que llegaron a decir que mi clienta, la propietaria, tenía cinco o seis pisos en propiedad, algo que es mentira”, lamenta Pons. Aunque aseguraron que estos inquilinos estaban los primeros en la lista de espera para lograr un alquiler social, “lo cierto es que, a día de hoy, los inquilinos siguen atrincherados en un piso que no pagan y los servicios sociales lo único que hacen es boicotear los lanzamientos sin aportar ninguna solución. Mi clienta no tiene por qué hacerse cargo de algo que les toca solucionar a ellos”. Aunque Crónica Global se ha puesto en contacto con servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, se han negado a comentar nada relacionado con este caso. 

Segundo intento de desahucio

El próximo lunes, 9 de septiembre, está previsto el segundo intento de desahucio, aunque Carme Valcarce no atesore ninguna esperanza de que esta vez sea la definitiva. “Nos han dicho que hay desahucios que se logran, incluso, en el quinto intento. Ya pueden hablar de desahucio express, que de rápido no tiene nada. ¿Quién nos defiende a los propietarios? Siento mucha indefensión, me he sentido muy sola en esto. Además, nunca cobraré el dinero que me deben, ya que la pareja de inquilinos cobra el salario mínimo interprofesional, por lo que no les pueden embargar. Entonces, ¿de qué sirve la palabra de un juez? En mi caso está claro que de nada”. 

“Es curioso que luego sean precisamente políticos como la alcaldesa Ada Colau los que se quejen del aumento del precio de los alquileres y de la reducción del parque de alquiler de viviendas. ¿No se dan cuenta de que, si alquilar un piso a un tercero se convierte en un deporte de riesgo, los propietarios o bien subirán el precio, o bien optarán por no alquilar su vivienda?”, se pregunta la abogada Maite Pons. “Son administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, las que con su erráticas y populistas políticas están haciendo que se encarezca y limite el alquiler en ciudades como Barcelona. Por favor, luego que no se quejen”.