Los Cierco se querellan contra el antiguo Gobierno de Andorra

El accionista mayoritario de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta el momento de su intevención, Higini Cierco, ha dado otro paso este lunes en la estrategia judicial que se sigue desde hace años para defender sus intereses económicos. Ha interpuesto una querella criminal contra el expresidente de Andorra, Antoni Martí, y los otros ministros del Gobierno que participaron en la toma de control de la entidad, la creación de Vall Banc y el traspaso de activos de una entidad a otra, tal y como avanza el local La Valira.

Estarían afectados el exresponsable de Exteriores, Gilbert Saboya; el de Finanzas, Jordi Cinca; la directora general del Instituto Nacional Andorrano de Financas (INAF), Maria Cosan; y varios miembros del consejo de administración de la Agencia Estatal de Resolución de entidades Bancarias (Areb). Entre ellos, el expresidente y su sucesor, Albert Hinojosa y Òscar Gelabert.

Intervención de BPA

El nuevo recurso que interpone la familia Cierco también se enfoca a “cualquier otra persona” con responsabilidades penales por la intervención de BPA. Tanto por participar como “coautor, inductor, cooperador necesario o encubridor”. Incluso señala a la consultora que realizó la auditoría de las cuentas, PWC. 

Cabe recordar que el anterior Gobierno de Andorra decidió intervenir la entidad en marzo de 2015 tras la notificación de una organismo del Tesoro de EEUU que se dedica a la persecución de lavado de dinero internacional, el Fincen, de que prohibía a BPA operar con dólares estadounidenses. Tomó esta decisión al afirmar que contaba con suficientes indicios de acusar al grupo financiero de blanqueo de capitales, aunque años después tuvo que retirar esta denuncia por falta de fundamentos.

Causas judiciales

Lo hizo tras la batalla judicial que le plantearon los accionistas mayoritarios y el exconsejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel, que estuvo en prisión provisional por los hechos en el Principado. Ahora, se investiga en los tribunales tanto del país de los Pirineos como de EEUU si el Ejecutivo de Martí ayudó al Fincen a llegar a esta conclusión o si desoyó sus demandas de información sobre la operativa de BPA.

Todo esto tuvo lugar en el marco del proceso de transformación de la banca en Andorra, ya que poco después de la caída de BPA abandonó su operativa como paraíso fiscal tras un acuerdo con la Unión Europea. La migración de activos de la entidad intervenida a Vall Banc, propiedad del fondo buitre JC Flowers, también ha sido motivo de otra causa en la Batllia, los tribunales del país vecino. En este caso, por la pérdida de valor de los títulos en la migración.