El Ayuntamiento de Barcelona y Blackstone han alcanzado un acuerdo sobre el edificio de la calle Hospital número 99 para que las siete familias en situación de vulnerabilidad que ocupan ilegalmente el inmueble sigan viviendo durante los próximos siete años en seis de los pisos con un alquiler subvencionado por el consistorio, mientras que los ocupantes de las otras tres viviendas abandonarán la finca.

El pacto, que cuenta con el visto bueno del sindicato de vivienda del Raval y de los vecinos del edificio, resuelve el conflicto que afectaba a la finca y evita la ejecución de la orden de desahucio que pesaba sobre los okupas.

700 euros de alquiler

La concejala de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado que dos tercios de los pisos se alquilarán a precios por debajo de mercado, concretamente 700 euros, pero que las familias que viven ahora en él se quedaran con contratos de siete años y pagarán un alquiler que supondrá el 30% de sus ingresos mientras el ayuntamiento asumirá el resto.

Martín ha destacado que por primera vez se ha conseguido corresponsabilizar a Blackstone, el fondo inversor propietario de este inmueble, en una situación de emergencia habitacional y que "revierta sus planes para el edificio", que eran vaciarlo, rehabilitarlo y alquilar los pisos a precio libre.

Plan sociolaboral

Por su parte, Anticipa Real Estate, gestora inmobiliaria de Blackstone, ha manifestado que están "satisfechos de haber podido alcanzar un acuerdo público-privado pionero en términos de ayudas al alquiler para estas familias" y ha destacado que "los ocupantes más vulnerables permanecerán en el edificio en viviendas con alquileres asequibles, con una subvención por parte el ayuntamiento".

La inmobiliaria ha explicado que, en base a los términos del acuerdo, proporcionará seis viviendas de renta asequible dentro del mismo edificio para aquellos ocupantes en situación de vulnerabilidad y que les inscribirán a su cargo en un plan de acompañamiento sociolaboral, que se realizará en colaboración con los servicios locales. También ha explicado que el ayuntamiento ha acordado la salida de los ocupantes de las tres viviendas restantes, por no encontrarse en situación de vulnerabilidad y que en breve comenzarán "un proceso de renovación integral de todo el edificio, garantizando que cumpla con todas las normativas y regulaciones".

"Precedente histórico"

El sindicato de vivienda del Raval ha calificado este acuerdo entre el ayuntamiento y el fondo de inversión de "victoria inmensa" y ha considerado que es un "precedente histórico en la lucha por la vivienda". Según ha explicado la portavoz de esta entidad, Joana Salas, las dos familias que no se quedarán en el edificio es porque "son las menos vulnerables" y el Sindicat de Llogaters les ha buscado un alojamiento alternativo.

Las familias vulnerables que pasarán a ser inquilinas no dejarán el edificio mientras la propiedad haga la rehabilitación, sino que se alojarán en los que queden vacíos mientras la propiedad lleve a cabo las obras en los pisos que ahora ocupan ilegalmente y a los que volverán a ellos una vez listas.