Ahora sí, el expresidente del Barça Sandro Rosell puede respirar tranquilo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desistido de recurrir su absolución ante el Tribunal Supremo, así como la de los otros componentes de la supuesta trama de blanqueo y organización criminal de la que formaban parte. El plazo para el recurso vencía este 12 de julio.
La Fiscalía sí que recurrió la absolución en un primer momento por entender que no se habían valorado adecuadamente las pruebas y que el tribunal había motivado su decisión de forma "insuficiente e irracional", ya que en lugar de absolver por una interpretación de la ley favorable a los acusados, lo estaba haciendo por una duda cuyo origen no justificaba.
Sentencia firme
Sin embargo, la Sala de Apelación confirmó su absolución el pasado 3 de julio ante la duda razonable de que las operaciones económicas objeto de la querella fuesen en realidad transacciones lícitas. Ahora la Fiscalía desiste de recurrir esa decisión.
En esta causa la única acusación era la ejercida por la Fiscalía, que pedía seis años de prisión para Rosell y su socio Joan Besolí así como multas millonarias. Al no recurrir, y en previsión de que las defensas no tendrán interés en revisar la sentencia en casación, el fallo absolutorio de la Sala de Apelación será firme.
Compensación por la prisión preventiva
Confirmada así la absolución, los representantes de Rosell y Besolí tendrán la puerta abierta para otra batalla legal, la reclamación por los 21 meses que ambos pasaron en prisión preventiva, desde el 25 de mayo de 2017 y hasta que ya empezado el juicio, el 27 de febrero, se dictó el auto de libertad con cautelares.
Rosell fue acusado de crear una estructura criminal con parientes y amigos para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales que habría cobrado el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Terra Teixeira. No obstante, la CBF no constaba como perjudicada en el procedimiento y el tribunal sentenciador consideró que no se había probado que el dinero tuviese este origen ilícito.
Tres operaciones sospechosas
La instrucción, a cargo de la entonces titular del Juzgado Central 3 Carmen Lamela, ponía el foco en un contrato para la venta de derechos de retransmisión de partidos de Brasil y en otro de patrocinio con una firma deportiva. Asimismo, se investigaba la venta de una empresa que Rosell tenía a medias con su esposa (Marta Pineda), BSM, en fechas previas a su candidatura a presidir el Barça.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, que en el juicio rebajó de once a seis años la petición de cárcel para Rosell, habría blanqueado cerca de 20 millones de euros con estos negocios en connivencia con el resto de acusados: su mujer, Besolí y los socios del expresidente del Barça Andrés Ramos, José Colomer y Sahe Ohannessian.
Denegación reiterada de libertad provisional
Durante las pesquisas, la defensa de Rosell y Besolí solicitó la puesta de ambos en libertad en reiteradas ocasiones, incluso ofreciendo cantidades millonarias como fianza. La Sección Primera de la Sala de lo Penal fue denegando las peticiones una tras otra incidiendo especialmente en la existencia de un elevado riesgo de fuga porque el expresidente del Barça es una persona conocida con contactos en distintos lugares del mundo y su socio, además, tiene nacionalidad andorrana.
La libertad fue de hecho una de las cuestiones previas que plantearon los abogados de ambos en la primera sesión del juicio y finalmente, el tribunal enjuiciador la acordó tras escucharles en declaración, dado que la medida restrictiva de la libertad ya había cumplido su misión, que era conseguir que comparecieran a disposición de la justicia.