“La Unión Europea ha notado un aumento muy importante de las inversiones extranjeras en los suelos rurales de todo el continente. Lo sorprendente es que muchas tienen un objetivo político más que económico”, empieza Maxime Obe, asistente del eurodiputado en funciones Frank Proust, del partido francés Les Républicains. Y sigue: “No estamos en contra de las inversiones extranjeras, que conste, de lo que estamos en contra es de las inversiones extrañas. La Unión Europea, en el marco de un estudio sobre las inversiones en terreno rural, descubrió que muchas de ellas venían de Estados Unidos y China, sí, pero que otras tenían su origen en islas consideradas paraísos fiscales. Y eso fue una gran sorpresa”.

Los motivos que llevan a una empresa a apropiarse de grandes porciones de terreno son variados. “Antes se compraba para especular: adquiero unas hectáreas, espero a que su valor suba un tanto por ciento, luego vendo y gano. La razón de la operación estaba clara y nadie se extrañaba. Pero ahora, que el valor de este tipo de bienes va a la baja, el modelo ha cambiado”, sostiene Emmanuel Hyest, presidente de la Federación Nacional de SAFER (Sociedades de Ordenamiento de la Tierra y de Instalación Rural, en sus siglas en francés), una organización que regula los mercados de la tierra en Francia. Hyest sostiene que actualmente los grandes inversores compran para explotar, pero no necesariamente en términos de producción agrícola. Volker Burns, presidente de la Asociación de Entidades de Gestión de Suelos y Estabilidad Rural de Alemania, apunta que en su país “el precio de la tierra se ha cuadruplicado desde 2017, y que un factor importante es el uso de grandes extensiones de terreno para la implantación de mecanismos que sirvan a las energías renovables, pero hay otros factores”. Obe añade que “debemos tratar de no ser ingenuos siempre, pero especialmente cuando no se sabe el origen del capital, porque no es raro que haya montajes de inversión”.

Dificultades para los jóvenes y las familias

“Del land del que yo vengo, el 36% de las inversiones no son locales, sino nacionales o extranjeras, provenientes sobre todo del sector industrial, que buscan apropiarse de grandes masas de terreno. El problema no son las inversiones como tal, sino las concentraciones de superficie en manos de pocas empresas que pueden llegar a dominar al resto. ¿Qué implica eso en este momento? Pues que cada año cierren dos o tres negocios familiares. A eso hay que unirle el hecho de que actualmente el atractivo de la profesión de campesino va a la baja en toda Europa. El mercado laboral les da oportunidades más atractivas fuera, y se marchan. Estoy hablando de una estructura demográfica, la alemana, en la que la mayoría de ganaderos ya han cumplido los 55 años y no tienen sucesor”, arguye Burns. Además, añade Michel Baylac, presidente de la AEIAR (Asociación Europea de Desarrollo Rural, en sus siglas en francés), “si el precio de la tierra se dispara, no podemos esperar que los jóvenes agricultores empiecen su negocio”.

Para Gerard Peltre, presidente de la Asociación Internacional de Ruralidad, Medio Ambiente y Desarrollo, “un territorio rural es es solo una zona natural y agrícola, sino un polo de desarrollo del que viven muchas familias. Y la agricultura familiar no está en la carta de los Derechos Humanos, y tendría que estar, porque tiene que ver con la alimentación y nos afecta a todos. La despoblación rural y cambio climático es un reto que tendrán que afrontar a medio plazo los trabajadores del campo”.

Algunas soluciones

“Se nota un cambio de mentalidad en Bruselas. La Unión Europea empieza a entender que proteger no es un insulto, que a veces, como en el caso del los terrenos agrarios, es una necesidad”, comenta Obe.  “China, por ejemplo --sigue--, tiene inversiones en muchos territorios de Europa, pero tiene completamente prohibido que nadie invierta en un sector estratégico propio. Y es que se está convirtiendo en una norma para muchos países protegerse de todo aquello que no pueden controlar”. Heyst señala “la necesidad de establecer un modelo de explotación que conserve las dimensiones parcelarias para que el campesino siga teniendo el control de las decisiones de gestión. Preservar el modelo familiar es fundamental, porque sin él cambiaría el modelo de sociedad con grandes multinacionales en el Amazonas y otros lugares. Y eso sería un fracaso terrible por parte de nuestras sociedades. Lo que tiene que quedar claro es que no queremos impedir nada, solo controlar. En Francia tenemos un control fuerte, y eso se traduce en que la inversión extranjera para que se dé tiene que estar basada en la transparencia”. En esta línea, Baylac apunta que en territorio agrario francés, “cuando hay una inversión extranjera, nosotros la estudiamos y decidimos, con los sindicatos y los representantes del Estado, que es lo que conviene hacer. Es importante, porque sin este tipo de mecanismos, si el capital extranjero implica que un kilo de manzanas se triplique, los agricultores no pueden hacer nada”.

¿Como materializar estas reflexiones a nivel europeo si la competencia territorial es exclusiva de cada Estado miembro? Ya hay 13 países de la Unión con mecanismos de filtrado de empresas que invierten en suelo rural, aunque España no se encuentra entre ellos. “Francia, Italia y Alemania --matiza Obe-- han hecho una propuesta a la Unión Europea, que ya ha sido aprobada, y entrará en vigor en 2020. Implicará que Europa funcione como un espacio de cooperación. La norma será compartir la información. España tiene que saber quién invierte en territorio agrario en Francia y Bulgaria, y a la inversa. Esto no implica que se vayan ha prohibir las inversiones en las viñas italianas si la oferta viene de un determinado fondo de inversión, pero sí resulta necesario establecer lazos entre Italia y otros países que hayan recibido capitales del mismo origen para ver cómo evoluciona y las intenciones que tiene. ¿Qué pasa si una empresa compra terreno al lado de una instalación militar? Puede ser peligroso, porque se pueden escuchar las comunicaciones de defensa, y ese tipo de información conviene compartirla. Esta será la tónica cada vez más”.

Anne-Françoise Melot, jefa de la Unidad de Libre Circulación de Capital y Aplicación de Derecho de la Unión Europea, concluye que “lo que es seguro es que son necesarios más datos tanto a nivel europeo como estatal. Una única solución para todos los países no es factible, hay demasiadas diferencias de legislación. En cualquier caso, las expansiones agrícolas que producen las inversiones extranjeras también tienen ventajas: ofrecen más facilidades de innovación. El capital de fuera no tiene por qué ser negativo. Lo que hay que hacer es garantizar la transparencia”. Según Baylac: “Tenemos que estar abiertos a inversiones extranjeras, por supuesto, pero eso no significa anarquía. Hay que promover un modelo en el cual el ser humano conserve su lugar. Tenemos que luchar por un modelo familiar, con marco legal, que consiga encajar las inversiones extranjeras y la soberanía nacional”.