A. V. A., vecina de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha conseguido librarse de una deuda que la atenazaba económica y personalmente desde hace más de 10 años gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. Tras un largo proceso judicial, el magistrado que valoraba su caso ha perdonado los 209.740 euros que le quedaban por pagar a sus acreedores. Y todo porque demostró que había actuado con buena fe para llegar a esa situación.

Su periplo comenzó cuando decidió comprar junto a su pareja un piso en la localidad barcelonesa en la que reside. Después de una turbulenta relación, decidieron separarse y la idea inicial pasaba por deshacerse de la vivienda compartida --y de la hipoteca asociada a él--, pero el hombre se negó. Poco a poco comenzó a descubrir que su expareja había contraído una segunda tarjeta de crédito de una cuenta común sin que ella se enterara y que se encontraba sin recursos para pagar todo lo que debían.

Desahuciada con una hija  

Al no poder devolverle el dinero al banco, A. V. A. acabó siendo desahuciada, junto con su hija. "Tuve que volver a casa de mi madre, y mi hija tuvo que ir con su padre. A las pocas semanas volví a pasar por la calle en la que vivía y el que había sido mi piso ya era de otro, ya estaba vendido", explica, pero aún así la deuda no estaba saldada y los acreedores seguían presionándola para que pagara. "Me enterraban en vida, era un acoso constante, me sentía como si hubiera matado a alguien y no pudiera librarme de ello", reconoce la vecina. 

Esta mujer ha vivido pendiente a su deuda desde 2007. Hasta que el juez la exoneró del pago, en 2018, pasó por varios trabajos para salir de la morosidad, pero "lo poco que cobraba me lo quitaban y los intereses iban subiendo". "Después me quedé en el paro y todo empeoró, fue horrible". Ahora, una vez el juez ha reconocido que actuó con buena voluntad y que el adeudo ha sido cancelado --un proceso que duró cerca de tres años--, reconoce que ha vuelto a sentirse "libre". "Cuando llega la sentencia sientes que se ha roto la cadena, es como volver a nacer", comenta con alivio en su voz.

A. V. A. en el momento en el que le comunican que su deuda ha sido exonerada

¿En qué consiste esta ley?

La Ley de Segunda Oportunidad es el último paso para librarse de una deuda. Antes de recurrir a ella, el deudor debe haber intentado acordar con los acreedores un plan de pagos y haber cedido todo su patrimonio para pagar lo debido --lo que se conoce en el terreno empresarial como presentar concurso de acreedores--. Si aún así la deuda no está saldada, es cuando la persona en bancarrota puede solicitar la exoneración --es decir, la cancelación de lo que le falta por pagar-- por vía judicial.

A través de esta vía se pueden gestionar adeudos de hasta cinco millones y la clave en la que se basa esta ley es que la persona haya actuado “de buena fe" y no haya provocado de forma consciente tal deuda. El Código Civil español contempla, en su artículo 7, la presunción de buena fe de los acusados, por lo que son los acusadores los que tienen que demostrar que no la hubo. Además, la defensa debe aportar documentación que respalden que no ha cometido delitos de tipo económico, que no se ha acogido a esta ley en los 10 años anteriores, y que no ha rechazado un trabajo "adecuado a su capacidad".

Una ley poco conocida

La Ley de Segunda Oportunidad se aprobó en 2015 y, desde entonces, se han llevado a juicio 7.540 casos. Otros países con textos legales similares a esta ley, como Francia o Italia, gestionan aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año, según apuntan los abogados de Repara tu deuda, especializados en reclamaciones de este tipo. La falta de conocimiento sobre esta ley es la principal causa por la que los principales afectados no recurren a ella, y ello lleva asociado, además, cierto escepticismo. Y no sólo por parte de los clientes, sino también de los propios estamentos judiciales. 

Muchos de los protagonistas de estos casos son personas físicas --es decir, particulares-- que se han endeudado, por lo que “estos temas los llevan los juzgados de primera instancia, no los mercantiles --que se dedican a deudas empresariales--”, explica Manuel Rodríguez, abogado especialista en este tipo de casos. "En muchas ocasiones nos encontramos con que no tienen información sobre la ley", asegura. El letrado admite que "los colegios profesionales están dando formación a los juzgados sobre estos temas, y también hay más información en la calle", pero el conocimiento de este procedimiento aún es limitado: "A veces casi ni nos creen", sentencia.