Ayuntamiento y Generalitat 'pasan' de los 2.000 temporeros que duermen en las calles de Lleida

La temporada de recogida de fruta comenzó a finales de abril, aunque los meses de mayor intensidad están por llegar. Una actividad que requiere cada verano en torno a 25.000 trabajadores en la provincia de Lleida, que tradicionalmente desempeñaban mujeres y estudiantes de la zona, mientras que ahora la demanda se cubre con mano de obra migrante. Ante la falta de alojamiento, cerca de 2.000 personas dormirán en las calles de la ciudad más antigua de Cataluña, ante la inacción del Ayuntamiento y del gobierno de la Generalitat, según denuncian a Crónica Global entidades y sindicatos. 

La reivindicación es clara: alojamientos para las personas que llegan a la capital del Segrià para trabajar como temporeros. “La mayoría vendrán entre junio y julio, cuando se espera que ocurra lo que ya ha pasado otros años: 2.000 personas durmiendo en la calle”, relata Gemma Casal, de la Plataforma Fruita amb Justícia Social, quien denuncia que “en Lleida, el gobierno del PSC se ha negado a construir un albergue para acogerlos. Su argumento es que no son trabajadores de la ciudad. Y que como los campesinos no hacen lo que deberían, que es proporcionales alojamiento, acaban en la ciudad porque a veces se les ofrece comida y duchas; aunque nunca un techo”, critica. Desde esta entidad apuntan además que la decisión del consistorio responde a una estrategia electoral. "Los socialistas decidieron que no ofrecerían ningún servicio en ningún barrio para que no les penalizase de cara a las municipales", cuentan. 

Protesta para reclamar justicia para los temporeros / PLATAFORMA FRUITA JUSTICIA SOCIAL

Alojamiento para los temporeros

También desde Unió de Pagesos reclaman soluciones habitacionales para los trabajadores del campo. Ramon Comes, responsable de temporeros del sindicato agrario pide más subvenciones destinadas a alojamientos en Lleida. “La Dirección General de Inmigración hace tiempo que no concede este tipo de ayudas”, explica, y subraya que los agricultores quieren "que la gente esté en buenas condiciones, tengan un lugar en el que quedarse y no en medio de la plaza del pueblo”. 

Por su parte, Casal advierte que el albergue municipal iba a ser un equipamiento "vital" durante una campaña que se prevé muy intensa, porque ha habido una gran producción de fruta y será necesaria mucha mano de obra. “La mayoría de los temporeros que llegan tienen alojamiento, y los campesinos los contratan de manera legal, pero hay una bolsa de gente muy grande que se queda en la calle, y eso es muy grave", lamenta. 

Las Administraciones se pasan la pelota

¿Quién es el responsable de esta situación? “Nos reunimos con la consejera --de Agricultrua, Teresa Jordà-- el año pasado, también con el director general de Servicios Sociales. Hemos hablado con todos pero se pasan la pelota unos a otros: el Ayuntamiento a la Generalitat y estos al Gobierno central”, critica Casal, y “así quien lo acaba pagando son las miles de personas que vienen a trabajar: las 2.000 temporeros que acaban en la calle”, reitera. “Miles de personas que generan millones de euros y que no ven ningún beneficio”.

Hasta ahora, el Ayuntamiento, a través de la oficina de atención, prestaba servicios básicos a los temporeros que llegaban a la ciudad. Desde una taquilla para guardar la maleta con la llegaban, acceder a una ducha o un lugar al que acudir para asesorarse. Pero ya no existe. “La justificación fue que no era su responsabilidad porque es atención a un aspecto laboral”, relata Ramon Moreno, responsable políticas sociales de UGT en Lleida. “Como punto de inflexión a una situación en la que tanto el Gobierno central como la Generalitat se están implicando poco o nada y quien sufre las consecuencias, como primer lugar de acción, es el consistorio de Lleida”, cuentan desde el sindicato.

También los agricultores reclaman al Govern una mejora de la situación de los trabajadores. “Pedimos a la Generalitat y al Servei de Ocupació de Catalunya (SOC) que, la gente que no tiene papeles y acude a nosotros para pedir empleo, puedan tener un puesto de trabajo de manera legal y ganarse la vida", sostiene Comes. 

Reglamento laboral

“Aquí tenemos tres problemáticas distintas: la de los temporeros que llegan, que a lo mejor no tienen alojamiento pero sí empleo; otros que no tienen papeles y no pueden trabajar o lo hacen de forma ilegal, y toda la gente que además está en situación de vulnerabilidad porque lleva mucho tiempo en la ciudad y no encuentra trabajo, y no tiene recursos”, explican desde el sindicato. La demanda pasa por una mayor implicación de las administraciones para encontrar una solución. “El Ayuntamiento de Lleida como parte interesada y primera porque sino la problemática repercutirá en la ciudad y en los barrios, y que por otra parte, el Gobierno central y la Generalitat hagan algo”.

Temporeros trabajando en el campo / CCOO

¿Cuál es la solución? "Pedimos que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat financien albergues municipales. Y que los campesinos, que no tienen capacidad para ofrecer alojamiento, puedan alquilar plazas de estos equipamientos, pero que estén abiertos a todos los temporeros que lleguen”. Más allá del techo, recuerdan la vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes que trabajan en el campo: “Queremos que se modifique el reglamento laboral. Si alguien está trabajando, que le puedan hacer un contrato. Y si tienen empleo, deberían poder regularizar su situación. Lo que no podemos hacer es que una parte de la economía se mueva en negro”, defien desde la plataforma. 

Desde la Dirección General de Inmigración de la Generalitat explican a este medio que existen una serie de recursos habitacionales en Lleida, como plazas de albergues de juventud, pero que el problema reside en que la mayoría de trabajadores tienen que desplazarse fuera de la ciudad para llevar a cabo su labor. “Desde que se construyeron estos alojamientos ya no se ha hecho nada más. Algunos consistorios los ceden a ciertas empresas que los gestionan, con lo que deja a muchos sin poder acceder mientras que la administración argumenta que ellos solo atienden a las personas vulnerables”, sostiene Moreno, en la misma línea que la plataforma.

"Vida digna"

“Lo que se ha instaurado es un sistema racista. Esto antes no pasaba porque eran estudiantes o mujeres de la zona, no había esta explotación: pero en el momento en el que llegan personas inmigrantes, algunas sin papeles, y se permite que duerman en la calle, o en una granja o una mina abandonada, la gente se acostumbra a que suceda, pero no tiene nada de normal”, denuncia Casal.  “Desde que hay más dureza en las fronteras, vuelven a llegar personas sin papeles para la campaña. Y los campesinos se quejan con razón de que, aunque quieran regularizar su situación, les resulta imposible”, añade. Muchos de los temporeros llevan más de una década en nuestro país y son “nómadas. Van de campaña en campaña, hacen funcionar la agricultura del todo el Estado pero no les estamos dando ninguna garantía en materia de derechos”, critica. 

Desde esta plataforma señalan que el sistema de contratación del régimen general agrario “dificulta mucho” que estas personas puedan tener una vida digna. “Muchos trabajan durante tres meses en la agricultura de Lleida, tras ese tiempo, cuando les toca presentar la documentación, les dicen que no tienen derechos, y muchos acaban siendo deportados tras trabajar durante años y contribuir a la economía del país”, lamentan.

Horas extraordinarias

¿No cobran ahora según el salario mínimo interprofesional (SMI)? “Los que trabajan en las cámara frigoríficas puede ser, los que están en el campo no. Hay personas que han estado trabajando durante 90 días de sol a sol y cuando van a buscar los papeles del INEM consta que ha estado 15 días. Y esto no ha pasado una sola vez, sino centenares. Lo peor es que no pueden denunciar porque sino no los volverán a contratar y es la única fuente de ingresos que tienen”.

Concentración de la Plataforma Fruita amb Justícia Social / TWITTER

¿Hay personas trabajando de manera ilegal? “El rumor existe pero no conozco ningún caso. Si una inspección de trabajo detecta algún caso, te arruina la cosecha”, señalan desde el sindicato de agricultores, ya que las multas oscilan entre los 6.000 y los 300.000 euros. “Mucha gente dice que los trabajadores están por la calle en Lleida y que es culpa de los campesinos, pero esta gente busca trabajo. Claro que la campaña --de recogida de fruta-- es un reclamo, pero si buscan empleo no es culpa nuestra”, defiende el representante de los agricultores y pide incentivos a las administraciones para poder abonar el salario de los trabajadores. “La subida del SMI es bastante importante. No se le puede negar a los trabajadores, pero el Govern o el Ejecutivo central tendrían que aplicar rebajas fiscales o incentivos a los agricultores. El empleado no tiene que pagar ninguna penalización, pero nosotros pedimos mejoras”, reivindica Comes. 

Albergue municipal

Casal critica además que las administraciones ignoran los beneficios que aportan los temporeros con su trabajo. “Lleida funciona gracias a la agroindustria. En las sedes de todas las grandes cooperativas que se encuentran aquí, y los centros de investigación sí se invierte dinero, pero para los costes sociales que generan, las personas inmigrantes, negros o árabes, pero ellos no hay ningún servicio”. Por este motivo, desde la plataforma esperan a que se constituya el nuevo gobierno en la ciudad --tras la victoria de ERC-- para pedir que se abra un albergue de forma inmediata.

Uno de los municipios que se ha negado a facilitar un equipamiento para los temporeros ha sido Aitona. “No quieren hacer un albergue. Dicen que no tienen ninguna necesidad porque sus campesinos ya acogen, pero tienen a más de 50 personas durmiendo en la calle” sostiene Casal.

Vulneración de derechos

Desde UGT han presentado una reclamación ante Trabajo para “que se tome en serio” las inspecciones. “Cuando una persona no tiene un lugar para dormir se están incumpliendo las condiciones de contratación”, subraya Moreno. “Pese a las denuncias no se actúa, y han de intervenir de manera eficiente para impedir que eso suceda. La patronal de los campesinos dice que la campaña --de recogida de fruta-- es modélica. Será modélica en comparación con otros lugares donde se vulneran más derechos, pero mientras haya una sola persona que duerma en la calle, ya sea en las afueras de un pueblo o en una plaza de la ciudad de Lleida; o no se le reconozcan sus derechos, aquí la campaña no es un éxito”, denuncia Moreno.

Además, este año no habrá una oficina de atención, que provea servicios básicos, recuerdan desde el sindicato, “hablamos de entidades como Cruz Roja, Arrels”, que ayudaban de forma altruista, “si no se hace, la campaña puede convertirse un polvorín, y puede haber muchos problemas”, advierte.