El derrumbe del Cementerio de Montjuïc ocurrido en septiembre de 2017 podría generar responsabilidades para todos los partidos con representación en Cementiris de Barcelona (Cbsa). Esta es la tesis que maneja el prestigioso bufete Durán & Durán, que defiende a 50 familias afectadas. El despacho ve un "pacto tácito" entre las fuerzas representadas en el consejo de administración de la empresa municipal para no hablar de una tragedia que compara "con el accidente el Yak-42". Coloca pues deberes sobre el partido que gobierne Barcelona tras las elecciones municipales de ayer.

Miguel Durán, socio del despacho, ha recordado que todos los partidos con representación en el consistorio figuran en el órgano de gobierno. "¿Qué hicieron? ¿Pidieron explicaciones? ¿Solicitaron el expediente administrativo? ¿Por qué firmaron las cuentas anuales cada año, si se mantenían y conservaban mal los cementerios?", se ha preguntado el letrado. En su opinión, su despacho y Palacio Lassaletta, que arropan a las 50 familias que exploraron la vía penal contra Cbsa, el exdirector general de Cementiris, Jordi Valmaña, y el concejal de Presidencia y presidente del consejo de la sociedad pública, Eloi Badia, "no están politizando" la catástrofe. "La alcaldesa Ada Colau y Eloi Badia tienen responsabilidad directa. pero los otros partidos tienen también responsabilidad. No han hecho ni puñetero caso a las familias", ha lamentado.

"Colau ni ha llamado a las familias"

El hundimiento del bloque de 144 nichos de 2017, que sepultó los restos cadavéricos de 350 personas, ha generado indefensión. Esto es lo que cree Miguel Durán y su socio, Miguel Ángel Durán. "Las sepulturas se vinieron abajo por incuria administrativa. Pero es que llegada la situación, los políticos, sobre todo los que prometieron escuchar al pueblo llano en campaña electoral, pasaron de los ciudadanos. Tenemos a familias que son ciudadanos de última, no de segunda clase", lamenta el letrado.

Además de ello, el letrado critica que el asunto no haya suscitado el interés político que debiera. "En el caso del Yak-42, que fue una tragedia de una magnitud extraordinaria, existió empeño político por resolverlo. En esa situación, trágica, los familiares tenían todo el derecho del mundo a saber la verdad. ¿Por qué no en el caso de Montjuïc?", se pregunta Durán. Su socio abunda en ello. "Hemos pedido saber con qué restos han cotejado las muestras de ADN que tomaron a los familiares. Si eran de un cuerpo o una pierna. Nunca recibimos nunca respuesta", advierte.

"La Síndica ya advirtió del desastre"

Miguel Ángel Durán, socio de la compañía legal, recuerda que la Síndica de Barcelona "ya advirtió de las deficiencias en la conservación del Cementerio de Montjuïc con solo un corto paseo por el camposanto". A renglón seguido, Durán se pregunta "por qué se pagaron cuantiosos dividendos y no se invirtió en mantenimiento durante años. ¿Es que el resto de partidos no tenían representación en el consejo de administración de la sociedad? ¿Por qué avalaron y firmaron las cuentas anuales?".

Hay otra cuestión. Los dos letrados, tanto Miguel Durán como Miguel Ángel Durán subrayan que "el ayuntamiento está ocultando qué hizo tras el derrumbe", ya que se niega a aportar el expediente del caso. "Debe tener grabaciones, documentos y notas de lo que ocurrió en septiembre de 2017. ¿Qué interés tiene en ocultarlo? ¿Por qué obliga a los familiares acudir a la via judicial para acceder a la documentación?"

Según ambos, los allegados "ahorraron durante años" con el "anhelo de reposar con los suyos cuando murieran". "Ello se ha evaporado. Se desvanece ese sueño, pues no tienen a sus padres, a sus hijos ni a sus familias. No saben dónde están. Ha desaparecido por completo. La señora Colau y el resto de su equipo en el ayuntamiento pasaron completamente de todo esto".