Dependencia: 80 muertes diarias

La madre de Miguel ha muerto a los 87 años sin llegar a tiempo de recibir la prestación por dependencia que le reconocieron hace seis meses. En ese limbo, con derecho reconocido y sin ayudas, figuran 250.000 dependientes, casi el 20% de las solicitantes. En 2018 murieron a la espera, 30.400 personas, 80 al día, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Es la cara triste de una ley, olvidada en campañas electorales, que cumple 12 años. Aunque ha atendido a un millón de personas, no se recupera de las heridas de la crisis económica y el menosprecio ante otras prioridades, como la independencia en Cataluña.

Fue uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Zapatero, que la vendió como la “cuarta pata” del Estado de Bienestar, tras la educación, la sanidad y las pensiones. Otro objetivo inconfeso era asentar el voto de las clases medias y bajas. Pero nació coja, sin un sistema de financiación claro y asegurado.

Décimo aniversario de la ley de dependencia del expresidente José Luis Zapatero / EFE

Burocracia farragosa

Recorte tras recorte de administraciones centrales y autonómicas, encargadas de financiar la ley al 50%, las prestaciones han devenido en una especie de limosna. Y tras un camino largo y farragoso para determinar el grado (del 1 al 3). En función de ello se adjudica una ayuda económica, asistencial o una plaza en un centro.

“Hay que pedir hora a la trabajadora social. Te suelen dar para un mes o más. Luego hay que rellenar las solicitudes (en catalán si es en Cataluña), ir al médico para que te den un informe y cuando esté todo, viene la trabajadora social para evaluar el grado de dependencia. Luego, a esperar o vuelta a lo mismo”, relata indignada María Eugenia, hija de una anciana de casi 90 años en Sant Boi de Llobregat.

Durante el tiempo de espera, que puede llevar al dependiente a la eternidad, su coste y cuidado corre por completo a cargo de las familias.

Según donde se viva

Pero lo peor es el arbitrario reparto o cobertura, según donde vida el afectado. Existen 19 interpretaciones, tantas como leyes de comunidades autónomas. Una persona que vive en Andalucía tiene el doble de posibilidades de ser reconocida como dependiente que otra que está en Galicia, Canarias o Asturias, según el informe El Caos de la dependencia, del Círculo empresarial de Atención a las Personas, que recoge datos de todas las consejerías. 



En Cataluña los dependientes en el limbo sin prestación son el 32,6% mientras en Castilla-León solo suponen el 1,55%. Paradójicamente, con solo gobiernos del PP, la despoblada comunidad es líder en buena implantación de la ley. Acompañan en el limbo a los enviados por Torra los dependientes de Canarias (29,3%), La Rioja (27,5%) y Andalucía (26,1%).

También varía el gasto del PIB. Cantabria es la comunidad que más destina por dependiente (8.645 euros), seguida de País Vasco (8.458) y Madrid (7.677). En la parte baja de la tabla se encuentra Andalucía con 5.324 euros.

Concentración de las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia y la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia / EFE

Todas las comunidades suspenden en lista de espera y en gasto, que tiene que ver más con la voluntad y prioridades que con la riqueza. Cantabria (puede fardar sin pasarse Revilla) aporta el 1% del PIB frente al 0,33% de Baleares. La media española está en el 0,54%, ridículamente lejos de la europea del 2%. 

Lo ideal, 5.000 millones más

CCOO hizo hace un año una estimación, que ningún ejecutivo se ha molestado en rebatir. Para atender la actual lista de espera serían necesarios 5.100 millones de euros adicionales a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del PP prorrogados por Sánchez. O al menos 2.500 millones para iniciar un plan de choque.

El sindicato calcula que este sistema de dependencia ideal crearía 281.361 puestos de trabajo a jornada completa, 121.038 en ayuda a domicilio y el resto entre residencias y centros de día. Con el plan de choque se crearían entre 100.000 y 200.000, "en función de la modalidad de los servicios elegidos y la intensidad de los mismos".

Persona con dependencia y su cuidadora / CEDIDA

Subida frustrada

El Gobierno ha recuperado en sus viernes sociales la cotización a la Seguridad Social a cuenta del Estado de más de 180.000 cuidadoras no profesionales. Desde 2012, tras la poda presupuestaria de Rajoy (PP), lo asumían ellas o nadie.

El proyecto de PGE presentado en enero aumentaba el capítulo de dependencia en un 59% hasta los 2.232 millones de euros. Insuficientes, según los expertos del sector. Aún así, la negativa indepe a apoyarlos frustró la subida. A ver a los próximos.