Una abogada del caso Maristas ha alegado que la libertad de Joaquín Benítez, exprofesor pederasta confeso, supone para las víctimas "un detrimento para la integridad psicológica y un retraso para su recuperación emocional". La Audiencia de Barcelona impuso al condenado una pena de 21 años de cárcel por abusar de cuatro alumnos. Sin embargo, la sentencia es recurrible ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los magistrados consideran que no se dan las circunstancia para enviar a prisión provisional a Benítez. De acuerdo con los jueces, el culpado siempre ha cumplido las medidas que se le han impuesto (entre varias, la retirada del pasaporte y la prohibición de aproximarse a las víctimas). Por otra parte, la defensa de Manuel Barbero (padre de uno de los perjudicados) ha interpuesto un recurso en el que argumenta que hay riesgo de fuga debido a la duración del castigo aplicado.
Condena impuesta
La sentencia condenó a Benítez a nueve años y tres meses de cárcel (y a inhabilitación especial de cinco años para trabajar como docente) por un delito continuado de abuso sexual contra una de las víctimas. A ello se suma otra condena de ocho años de prisión por delito de abuso sexual a otro perjudicado, más una inhabilitación especial de cuatro años para ejercicio de la la misma profesión. Además, le prohíben acercarse a menos de 500 metros del perjudicado.
Otras penas menores son de dos años y dos años y seis meses por abuso sexual a las otras víctimas. El total suma 21 años y nueve meses, pero el Código Penal limita esta medida a un total de 20 años cuando los delitos perpetrados, de forma individual, no superan los 20 años de prisión. Por otra parte, el condenado deberá indemnizar a los afectados en concepto de responsabilidad civil con importes de 60.000, 40.000 y 10.000 euros respectivamente.