Las víctimas del desastre del Cementerio de Montjuïc denunciarán al Ayuntamiento de Barcelona por la vía civil. El equipo legal de los afectados por el derrumbe de 144 nichos en el mayor camposanto de la Ciudad Condal han alertado hoy viernes de que el consistorio "oculta información" sobre el desastre. Por ello, demandarán de nuevo al gobierno local, esta vez por otra jurisdicción para saber qué ocurrió en septiembre de 2017 y tras la catástrofe, que sepultó los restos cadavéricos de 350 difuntos.

Un día después de conocerse que la Audiencia Provincial de Barcelona ha puesto freno a la denuncia penal contra el exdirector general de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, y el concejal de Presidencia, Eloi Badia, los familiares han avisado de que no se rinden. Preparan, abogados mediante, una demanda por la vía civil --que llegará a la contenciosa si procede-- para saber qué sucedió en la tragedia y dónde están los restos de los familiares, pues aún no lo saben. "Si el Ayuntamiento de Barcelona no tiene nada que ocultar, que enseñe el expediente. Nos hemos cansado de pedirlo, sin éxito", han criticado los representantes de los afectados.

Cuatro preguntas sin respuesta

Con esta nueva acción judicial contra el Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú), los bufetes Duran & Duran y Palacio Lassaletta buscan "acceder a todo el material" que obra en poder de los técnicos del consistorio. "Solicitaremos las diligencias preparatorias del juicio, lo que podría nutrir otra denuncia, pues los jueces, aunque han inadmitido la primera acción penal en primera y segunda instancia, no la han tratado como hecho juzgado, sino que han dejado la puerta abierta a reabrir la querella", ha explicado el abogado José María de Palacio.

En el fondo, la iniciativa de los familiares y de sus abogados busca también responder a cuatro preguntas que los afectados no han conseguido que el gobierno municipal responda. "¿Se han perdido los restos de los 350 difuntos? Qué restos, cuántos restos, en qué lugar y en qué condiciones los tienen? Qué es lo que el Ayuntamiento y Cementiris de Barcelona (Cbsa) oculta para no dar vista del expediente y de lo que se hizo hasta la fecha? Por qué no se permite al perito antropólogo de las familias revisar lo que se hizo desde que se produjo el derrumbe?", ha inquirido a su vez Miguel Ángel Durán.

Familiares: "No queremos pagos, queremos la verdad"

Antonio Asensio, portavoz de los allegados de los 350 difuntos que quedaron sepultados por el hundimiento, ha avisado a su vez de que el equipo de Colau, mediante el concejal de Presidencia, Eloi Badia, está "intentando comprar voluntades" de los familiares. "Y nosotros no queremos que nos paguen. No queremos saber cuánto vale un kilo de hueso. Exigimos saber dónde están los cuerpos, en qué condición están y qué ocurrió. La verdad", ha señalado.

El usuario del Cementerio de Montjuïc ha puesto otro elemento sobre la mesa: los incumplimientos del Ejecutivo local. "Dijeron que empezarían a rehacer los nichos derrumbados entre mayo y abril, con fecha de finalización en junio de 2020. Pues bien, no lo han hecho", ha lamentado. La gestión de la catástrofe merece, bajo su punto de vista, una demoledora crítica, pues "ya existen los seguros de vida, de deceso. No me atrevo a pensar que ahora tengamos que contratar seguros de muerte por si una administración, empresa pública en este caso, pierde a nuestros difuntos familiares".

"Valmaña está jubilado, pero no tiene inmunidad"

Uno de los abogados que interviene en defensa de los intereses de los familiares, Miguel Durán, ha vestido esta censura de los afectados con un armazón jurídico. "Es evidente de que si hubo responsabilidades en el hundimiento, hay que depurarlas. En la primera acción penal no pudimos presentar toda la información porque no pudimos acceder al expediente. Si conseguimos más documentación, se podría, llegado el caso, construir otra denuncia por la vía penal con muchos más elementos para que los jueces valoren", ha explicado.

En referencia a la figura de Jordi Valmaña, exdirector general de Cementiris de Barcelona recientemente jubilado, el letrado ha admitido que "le merece todo el respeto la población inactiva. Esperemos que disfrute de su jubilación. Pero dicho estado no le confiere inmunidad penal. Si hubieren mimbres para depurar responsabilidades, tendría que responder como todos", ha avanzado el prestigioso abogado. Su socio, Miguel Ángel Durán, ha descrito negro sobre blanco la estrategia del gobierno de Ada Colau con al catástrofe. "Es evidente que Eloi Badia, que trabajó codo a codo con el señor Valmaña, aguantó a éste todo el tiempo que pudo. De lo contrario, lo habría destituido al mes siguiente, al siguiente consejo tras el derrumbe. Pero decidieron mantenerlo en el puesto hasta antes de las elecciones", ha valorado. Ello genera una pregunta al equipo legal: "¿Qué sabe Jordi Valmaña y no ha contado?".