El consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, ha anunciado que el Consejo Ejecutivo ha aprobado el acuerdo para la construcción de nuevos centros educativos en Cataluña y la reforma de aquellos que necesitan mejoras estructurales urgentes. Según las autoridades competentes, estos trabajos en las infraestructuras educativas catalanas se alargarán hasta el año 2023 y cuentan con un presupuesto superior a los cien millones de euros. La Generalitat ha decidido añadir a los planes de obra criterios antiabusos para garantizar la seguridad de los alumnos.

“Las obras se adaptarán a la nueva realidad didáctica y educativa", lo que incluye “prevenir posibles situaciones incómodas en los centros”, ha dicho Bargalló. Con situaciones incómodas el consejero se refiere a comportamientos que sean constitutivos de delito, como por ejemplo, los abusos de carácter sexual. Con el fin de evitarlos, los centros de nueva construcción contarán con más cristaleras y menos zonas opacas, y no se instalarán puertas en los accesos principales de los aseos.  

27 obras

El proyecto aprobado por el Consejo Ejecutivo lo llevará a cabo la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña SAU en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cataluña y la Fundación Jaume Bofill. La empresa pública será la encargada de gestionar y ejecutar las 27 obras que acabarán con un centenar de barracones en los que se imparten las clases repartidos por todo el territorio catalán. De esas 27 obras, 21 serán nuevas edificaciones, cinco son ampliaciones y la última que resta es una rehabilitación completa.

Según Josep Bargalló, los cambios en la infraestructura educativa de la comunidad suponen “un gran paso”, ya que las obras no sólo están pensadas para colegios e institutos de grandes centros de población. Además de las reformas previstas en ciudades como Barcelona, Badalona y Terrassa, la Consejería también atenderá las necesidades estructurales de los núcleos de población más reducidos de todo el territorio de Cataluña para lo que negociarán con los ayuntamientos de dichas poblaciones.