Salvado por la (campaña). El concejal de Presidencia, Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia, y el exdirector general de Cementiris, Jordi Valmaña, se han salvado de la denuncia penal por el desastre del camposanto de Montjuïc, donde en septiembre de 2017 se hundió un bloque de 144 nichos que sepultó los restos mortales de 350 difuntos. El anuncio se conoce a escasas horas de que arranque la campaña electoral de las elecciones municipales del 26 de mayo.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso que interpusieron los afectados contra el carpetazo de la acción penal por cinco presuntos delitos --profanación, daños, malversación, prevaricación y falsedad documental-- que interpusieron unas 60 familias contra el edil y el directivo, ya jubilado, en un juzgado de primera instancia de la capital catalana. En una nota emitida hoy jueves, los despachos Durán & Durán y Palacio Lassaletta han precisado que la decisión de inadmitir el recurso "no supone en absoluto cosa juzgada y los afectados reiniciarán acciones legales". Dichas iniciativas las concretará el equipo legal de los familiares mañana viernes en una rueda de prensa en la Ciudad Condal.
Más acciones penales
El no de la Audiencia a abrir la instrucción de un procedimiento por cinco delitos contra Badia y Valmaña no zanja el recorrido penal de la catástrofe. Los dos bufetes de abogados que representan a las 60 familias han precisado que los allegados de los fallecidos que quedaron sepultados por una montaña de escombros, y que no han podido ser identificados en su totalidad, "reiniciarán acciones legales". Ello quiere decir que los afectados no se rinden tras las negativas del juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona y de la Audiencia Provincial, que vio el recurso hace un mes y, finalmente, ha decidido no admitirlo a trámite.
Hay una vía paralela de reclamación. Letrados y familiares de los difuntos que sepultó el derrumbe critican que el Ayuntamiento de Barcelona "impida el acceso al expediente sobre el hundimiento". Los estaría haciendo el gobierno municipal de Barcelona en Comú (BComú) pese a las "reiteradas peticiones de los afectados de que les facilite el acceso al expediente administrativo". ¿Cuál ha sido la respuesta municipal? "La callada por respuesta. ¿Qué oculta el consistorio? Dónde están los restos de los difuntos? Qué número de difuntos están o no identificados?", se pregunta el equipo legal.
Badia repetirá
El revés al intento de imputar responsabilidades penales al concejal Eloi Badia y a su ex mano derecha en Cementiris, Jordi Valmaña, llega a once horas de que aranque la campaña electoral para las elecciones municipales del 26 de mayo. Ello es trascendente en la medida en que Badia concurre de número 7 en la candidatura de Barcelona en Comú (BComú). Revalidará su acta en el plenario municipal salvo descalabro mayúsculo del partido de la alcaldesa de Barcelona y aspirante a la reelección, Ada Colau. En cambio, a Valmaña el respiro le llega en una situación muy distinta. Se ha jubilado de Cementiris de Barcelona entre lacerantes críticas a su gestión, con las cuentas de la sociedad hundidas y con parte de los familiares de Montjuïc en pie de guerra.
Éstos tienen motivos para la angustia. La empresa municipal de camposantos no ha conseguido identificar los restos cadavéricos de los 350 cuerpos que sepultó el hundimiento de un bloque de nichos en la zona norte del mayor cementerio de Barcelona en septiembre de 2017. Veinte meses después de la tragedia, que guarda similitud con el accidente del Yak-42 por la mezcla de restos humanos, se ha gastado más de 900.000 euros en un proceso de identificación por ADN que se ha revelado fallido. Además, parte de los afectados por la tragedia denuncian que el Ayuntamiento y Cementiris "les han ninguneado".