La Ley de Alcohol y Menores, conocida como ley antibotellón no da, pero puede quitar votos. Los partidos soslayan hablar de un proyecto que desde 2003 suma cinco intentos frustrados de otros tantos ejecutivos. El penúltimo, frenado por la moción de censura, descansa en un cajón de la actual ministra, María Luisa Carcedo. Hasta que, tras el 28A, un nuevo Gobierno ose desempolvarlo.
Las bases de la norma estatal para acabar con el botellón fueron aprobadas tras el desfile de un centenar de expertos por la Comisión Congreso-Senado. Por exigencias y posibles sanciones provocan el rechazo de padres, establecimientos y empresas de bebidas alcohólicas... Tampoco gusta a indepes de ERC y nacionalistas del PNV por la sempiterna “invasión de competencias”.
“Educativa” como tráfico y tabaco
El objetivo de autoridades, expertos y legisladores, como defendió la exministra Dolors Monserrat, es buscar el consenso con todas las administraciones, partidos e instituciones educativas para "generar un efecto educativo", como el que han logrado en la sociedad las leyes de violencia de género, seguridad vial con la incorporación del carnet por puntos o la del tabaco.
Jóvenes bebiendo alcohol en un botellón por las calles de una ciudad / EP
La Estrategia Nacional sobre Drogas constata que los adolescentes empiezan a fumar y a beber, casi a la vez, entre los 14 y 16 años. Pero, sobre todo, tras la vigente ley de 2011, el consumo de tabaco ha caído un 40%. Los expertos lo atribuyen en parte a los vetos publicitarios y al humo en locales públicos y cerrados, que hacen el hábito más difícil y demodé.
Multas a padres e incumplidores
El problema del alcohol en menores muestra datos muy preocupantes: casi 6.000 fueron atendidos en 2018 por comas etílicos. Ampliando el foco, cada mes se emborrachan en España medio millón de jóvenes. “Es un asunto grave, terriblemente dañino para la salud y el tejido social de nuestros menores”, coincidieron diputados de distintas formaciones.
La medida más comentada y polémica del proyecto apunta sanciones para los padres de los menores que beban en la vida pública. Considera que así se les implica más en la educación y prevención en esta materia.
Una madre compartió las fotos de su hija en coma etílico para concienciar a los jóvenes / FACEBOOK
Le siguen en controversia restricciones publicitarias tan severas como las de Francia, en internet, otros medios de comunicación y zonas transitadas por menores como parques y colegios. Se incluye el patrocinio y otras formas de financiación a actividades deportivas, culturales, educativas y de ocio en las que puede haber menores.
Cuenta con la oposición de empresarios del sector alcoholero en general, clubs y equipos deportivos. Pero los médicos lo consideran crucial para, como en el caso del tabaco, bajar la percepción de bajo riesgo. Advierten de que a veces, de la mano de futbolistas y otras idolatradas figuras mediáticas, los anuncios asocian el consumo de cerveza y otras bebidas con éxito deportivo y social, riesgo, aventura, amistad, conquistas sexuales y glamour. Incluso se patrocinan equipos y los campeones pasean sus trofeos bebiendo.
Más impuestos y tratamiento
Otras estrategias son elevar los impuestos especiales de las bebidas y la fiscalidad progresivamente, prohibir la venta en gasolineras, controlarla por vía telemática y a domicilio, colocar etiquetas disuasorias como las del tabaco en las botellas y regular prácticas como las consumiciones a precio reducido en las happy hours o los 2x1.
Paquetes de cigarrillos con etiquetas disuasorias / EP
El objetivo es retrasar el inicio del consumo hasta los 18 años. Ahora, según Sanidad, ronda los 14. Se quiere que todo quinceañero ebrio pase por un protocolo de prevención de intoxicaciones etílicas la primera vez que le recoja una ambulancia. Con visita obligada a un centro de salud con el médico de familia o un psiquiatra infantil.
Unificación de sanciones
La norma pretende unificar las multas, con duras sanciones para compañías y locales incumplidores, y dar soporte legal a todos los ayuntamientos. Actualmente beber en la calle es ilegal solo en algunos de ellos, y las sanciones dependen de dónde esté. “Están solo enfocadas al orden público”, advierte un portavoz de la sociedad multidisciplinar Socidrogalcohol.
En Madrid, una lata de cerveza, un calimocho o un cubata en la calle puede llegar a costar una sanción de hasta 500 euros para los menores y 600 para los mayores de 18. En Barcelona, oscilan entre los 30 y los 1.500 euros, dependiendo de cuánto se altere a los vecinos; en Bilbao, la más baja supone 750 y la más alta 3.000, y en Zamora, van de 30 a 600 euros.
Muchos defienden que, tras las cinco neonatas anteriores, es hora ya de de una ley para proteger a los menores. A ver qué Gobierno le pone el cascabel al gato.