Un juzgado de violencia de género será el encargado de investigar a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, en Madrid la semana pasada.
La derivación del caso responde a la última doctrina marcada por el Tribunal Supremo. Tras difundir el vídeo en el que mostraba el suicidio asistido de su mujer, enferma de esclerosis múltiple desde hace treinta años, Hernández pasó a disposición judicial y quedó en libertad sin medidas cautelares, investigado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio.
Ley de Violencia de Género
Ahora, el magistrado a cargo de la investigación, se inhibe a favor del juzgado de Violencia contra la Mujer. Esta decisión se ampara en la Ley de Violencia de Género y en la doctrina del Supremo,que determina que estos juzgados asuman la instrucción de diligencias sobre la muerte de una mujer en la que esté implicada la pareja o expareja pasa a este tipo de órganos, sin valorar la intencionalidad.
Aún así, el delito que se le imputa sigue siendo el de auxilio o cooperación al suicidio, tipificado en el artículo 143 del Código Penal y que contempla penas que van desde los dos hasta los diez años de prisión. Además, prevé una rebaja sustancial en las condenas de aquellos que actúen por "petición expresa, seria e inequívoca" de la víctima, si ésta sufriera "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", es decir, el caso de Carrasco y Hernández.