Uno más de los sospechosos de haber participado en una violación múltiple en Sabadell será arrestado y encarcelado. Así lo ha decretado tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como, posteriormente, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de la localidad que instruye el caso de la que se conoce socialmente como la Manada de Sabadell, en la que se encuentran implicadas hasta nueve personas.
Este sería el segundo de los supuestos implicados que entraría en prisión, a pesar de que en un primer momento recibió la libertad vigilada por parte del juez de instrucción. Ahora, la Audiencia de Barcelona considera que existe un "altísimo riesgo de fuga" y le impone la prisión provisional sin fianza, a la espera de que comience el juicio sobre el caso.
Decreto de expulsión
La nueva decisión judicial recae sobre el acusado de siglas J.B., uno de los que se encontraba en situación irregular en España y sobre él pesaba un decreto de expulsión del país. La Audiencia barcelonesa revela en el auto que el acusado atestiguó trabajar en la construcción "cuando puede", que "recoje chatarra" y que no acredita "objetivos de arraigo" en el país, a pesar de haber manifestado tener un familiar residente en Mollet del Vallès (Barcelona).
El texto legal apoya su visión del riesgo de fuga en las "altas penalidades" a la que se enfrenta el sujeto, así como también en la "base indiciaria existente" en los hechos. A pesar de que J.B. se presentara --como había decretado el magistrado de Sabadell-- en los juzgados de la ciudad religiosamente, la Audiencia Provincial estima que "el juez instructor había efectuado un pronóstico negativo de su participación en los hechos", es decir, que había serios indicios de haber sido parte integrante del grupo que asaltó sexualmente a la joven. Por ello, la sala "procede la modificación de su situación personal".
Hubo "intimidación ambiental"
La Audiencia Provincial --que ha actuado tras el recurso de la acusación particular y de la Fiscalía sobre la decisión de libertad que recibieron seis de los ocho primeros declarantes investigados-- asegura, además, que J.B. ayudó a crear una "intimidación ambiental" que impidió que la víctima se planteara defenderse o intentar escapar. Sostiene que existen indicios de que J.B. actuó como "cooperador necesario", ya que su presencia fue "perfectamente" percibida por la víctima.
La decisión de la audiencia cuenta con el voto particular de una de las magistradas integrantes de la revisión de este caso. Considera que debería haber llevado a cabo la "íntegra desestimación del recurso" ya que coincide con la decisión del juez instructor.