El 'testamento vital' resucita

La ley para regular la muerte digna y la eutanasia, prometida por Pedro Sánchez, se ha metido en la descarnada campaña electoral. Mientras, tras una década en estado moribundo, en solo tres años 80.000 españoles han firmado un testamento vital o voluntad anticipada, que recoge las instrucciones sobre cómo quieren ser tratados al final de su vida o cuando no estén en condiciones de decidir.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez / EFE

Los firmantes dejan constancia sobre qué tipo de cuidados o tratamiento desean recibir, o qué intervenciones no quieren que les sean aplicadas en situación de enfermedad irreversible y sin capacidad para decidir. También pueden detallar si quieren donar, o no, sus órganos y tejidos, o sus representantes en esta etapa.

Duplicadas en seis años

Un total de 278.368 personas figuran a fecha de 31 de enero en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, una base estatal de datos del Ministerio de Sanidad, puesta en marcha hace 15 años, que recoge los testamentos vitales de todas las comunidades. A ella pueden y deben acceder los médicos desde cualquier ciudad donde se encuentre el paciente para garantizarle una muerte con dignidad.

Sociedades médicas y asistenciales consideran que esta cifra revela todavía una “baja aceptación” y una “escasa acogida” en una población de 46 millones. Pero ha crecido un 50% en los últimos seis años y casi se ha duplicado desde 2013 cuando se sincronizaron todos los registros autonómicos.

Miedo y campañas

Con todo, el balance, un 6% de la población, es pobre si se compara por ejemplo con Alemania, donde los inscritos superan el 14%. Los expertos creen que el freno se debe a la inexistencia en España de una cultura de las instrucciones previas. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) advierte de que “la población en general y, con mayor razón, las personas con enfermedad avanzada, tienen miedo a hablar del final de la vida”. 

Las fundaciones Mémora y Edad&Vida aseguran que predomina el rechazo a hablar sobre la muerte. La propia y la de los seres queridos. “Sigue siendo un tema tabú. Se considera tétrico. Además, se confía en que los familiares tomarán las mejores decisiones cuando ellos estén imposibilitados”, explica Clara Hernando, especialista en estos trámites.

Tanatorio de Mémora en Reus

Varias entidades lanzaron el pasado octubre una campaña bajo el lema Tu decisión hasta el final en la ofrecen una guía online para promover el uso de estos testamentos vitales, que son gestionados de manera independiente por cada comunidad. Cada una les ha asignado un nombre distinto y el modelo del documento también es diferente, lo que “ha creado cierta confusión”, según el director de Relaciones Internacionales de la Fundación Mémora, Fernando Sánchez.

Cataluña en cabeza

Los documentos suscritos en las consejerías de Sanidad, centros de salud o ante notario, facilitan y clarifican a los médicos y a la justicia las decisiones de los firmantes. Cataluña, aporta 83.179 de los inscritos, casi el 30%. Le siguen Navarra y el País Vasco en relación con su población. A la cola figura Extremadura.

Más de la mitad de los registrados han cumplido 65 años. A continuación van en cuantía los mayores de 50. Los menores de 18 apenas suman 81, pero en todas las comunidades les permiten firmar. Las personas de hasta 30 años ya ascienden a 5.477.

Mujeres más interesadas

Llama la atención el mayor número de mujeres, 165.870 frente a 99.757 hombres. “Ellas son más sensibles o previsoras si se quiere hasta al final de sus días”, sostiene un médico de familia madrileño, que aprovecha las consultas para “plantear con todo respeto” la posible firma de estos documentos.

Firma de un testamento

Los jóvenes, advierte, se consideran demasiado lejos para ocuparse de esto. Salvo que formen parte del 70% de los 400.000 españoles que mueren cada año por una enfermedad crónica, lo que implica una fase terminal que puede durar varios meses.

Sin ley estatal de paliativos

Los expertos en cuidados paliativos recuerdan que la convocatoria de elecciones del 28A ha dejado inconclusa la tramitación de la ley de derechos y garantías, más conocida como ley nacional de cuidados paliativos.

Ante esta situación, la Secpal defiende la necesidad de que esta norma asegure una igualdad de derechos en el acceso a esta atención. Piden que sea una norma “bien hecha”, con un enfoque social y comunitario y con la participación de equipos multidisciplinarios que cuenten con psicólogos y trabajadores sociales.

La repromedita ley socialista sobre la eutanasia vendrá, o no, tras la tormenta política, con su complicada aplicación. Todas las derechas y la todavía fáctica Iglesia se oponen.