Los vehículos de alquiler con conductor (conocidos por sus siglas, VTC) tienen a partir de este momento mayores dificultades para ofrecer sus servicios en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El ente supramunicipal que gestiona --entre otros aspectos-- el transporte de Barcelona y alrededores ha aprobado el reglamento por el cual estos vehículos deberán, entre otros aspectos, ser precontratados con una hora de antelación. Una medida que endurece los límites dictados por la Generalitat de Cataluña para las empresas como Uber y Cabify, que situaba en 15 minutos dicha precontratación.
La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de los comuns, PSC y la CUP. Esquerra Republicana y PDeCAT se han abstenido y tanto Ciudadanos como el Partido Popular se han opuesto al texto de regulación de las VTC en el área metropolitana.
Un mes de información pública
El texto propuesto en el ente presidido por Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, no estará aprobado de forma definitiva hasta dentro de 30 días. Tras pasar la votación que ha tenido lugar hoy, se abre un plazo de información pública y audiencia en el que los interesados puedan consultar el reglamento y presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. Estas deberán anunciarse de forma oficial a través del Boletín Provincial de Barcelona y en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).
Si en el plazo de esta treintena de jornadas hábiles no se han presentado propuestas de rectificaciones al texto, quedará aprobado definitivamente. Eso sí, ello si ningún afectado o administración presenta recurso contencioso, algo muy probable.
Uber y Cabify, vetados
Antes de que el conflicto se judicialice, el decretazo aprobado por Colau, que bebe de otra norma exprés publicada por el Govern el pasado 29 de enero, un texto que fijaba una precontratación de 15 minutos ampliable a 60 minutos, como ha ocurrido, aplicaciones como Uber y Cabify ya han resultado perjudicadas. Las dos plataformas dejaron de operar en la Ciudad Condal y conurbación --en el caso de la primera-- el pasado 1 de febrero ante la "imposiblidad" de operar en las nuevas condiciones.
Pese a esta retirada de operadores y a que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el Tribunal Constitucional catalán avisó ayer de que el decreto inicial del Govern podría vulnerar la "libertad de empresa", el AMB, que preside Ada Colau, a la sazón alcaldesa de Barcelona, lo ha ratificado y endurecido.