Pinchazo monumental de Cementiris de Barcelona (Cbsa) con las pruebas de identificación genética de los 358 cuerpos que se mezclaron con cascotes en el derrumbe de un bloque de nichos en el camposanto de Montjuïc en 2017. La empresa municipal de cementerios de la capital catalana ha gastado 960.000 euros en aislar los restos cadavéricos y el resultado no ha sido concluyente. Lo que es más: a algunas familias les han dicho que la materia orgánica "puede ser la de sus familiares, o no".
Así lo ha explicado Cristina Garcia, una de las afectadas por el hundimiento del bloque de 144 sepulturas. "Nos entregaron los resultados en enero. Yo había dado mi ADN para identificar a mi familiar. Pues bien, nos han contestado que no tienen suficiente materia analizable para concluir si los restos son los de mis cuatro familiares: mi padre, su hermano y dos abuelos", ha lamentado en conversación con este medio. ¿Ha recibido alguna explicación de la sociedad pública que dirige Jordi Valmaña o de Eloi Badia, concejal-presidente de la firma? "No. Siguen como siempre, callados. Fuimos a buscar los resultados y eso fue todo. Ahora, ¿quién nos ayudará? Qué ocurrirá?", se ha inquirido Garcia.
"Pruebas pendientes"
Preguntado sobre el estado del proceso, una portavoz de la sociedad municipal ha matizado que "quedan pendientes las pruebas de los restos inconexos del resto de difuntos, pues aún no tenemos la autorización judicial. Cuando llegue, procederemos a realizarlas". Ha subrayado la misma fuente que "se ha resarcido a todas las familias afectadas que se han localizado. Quedan pendientes de resarcimiento solo aquellas familias de la plataforma de afectados porque aún no nos han dado respuesta". El grupo de allegados no ha dado respuesta pues no ha aceptado los pagos de la enseña pública que dirige Valmaña y preside Badia y han denunciado a ambos por cinco delitos. Una querella criminal por daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación. La acción legal no fue admitida a trámite en octubre por el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, que no apreció indicios de materia criminis para abrir diligencias. La denuncia ha recalado en la Audiencia Provincial de Barcelona, donde la defensa de las 60 familias ha presentado recurso.
Jordi Valmaña, director general de Cementiris de Barcelona (i), firmando un acuerdo de colaboración / CG
El frenazo a las responsabilidades penales no ha sido óbice para que Cementiris siguiera encajando reveses en la gestión de una crisis que ha sido muy polémica. La última, el fracaso de las pruebas de ADN que pidieron los familiares. "Licitaron los test de los restos que podían cotejar con un familiar. A mí misma me hicieron pruebas. Pero no sabemos nada de las pruebas de los restos inconexos y ya hace casi 17 meses", lamenta Núria Miñana, otra afectada. "No me rendiré, yo quiero lo mío. Máxime cuando el pasado año murió mi tía, la enterramos en Montjuïc y reposa con cuerpos que no sabemos si son mis familiares", relata de forma compungida Garcia.
960.000 euros mal invertidos
La desazón de esta ciudadana se añade a otro ángulo preocupante de la polémica. Cementiris de Barcelona aseguró a preguntas del PP en julio de 2018 que los estudios genéticos costarían 793.000 euros. Finalmente, el contrato ha generado una factura de 959.517,90 euros con IVA que, además, no ha dado un trabajo riguroso con resultados concluyentes. El contrato público lo ganó una unión temporal de empresas (UTE) formada por el Institut de Genétique de Nantes Atlantique SA y Anabiol SL, filial del grupo francés Carso. La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cuyas antropólogas --una de ellas también denunciada penalmente-- trabajaron en el desescombro e identificación inicial también concurrió al concurso, pero lo perdió. Fuentes cercanas a la adjudicación [ver aquí] han indicado que la UAB no se presentará a la segunda licitación, la que tratará de identificar los restos inconexos, ya que no tiene capacidad operativa para hacerlo.
En efecto, Cementiris lidia con un montón de restos humanos, escombros y trozos de madera desde que el 15 de septiembre de 2017 se hundiera un bloque de 144 nichos en la zona norte --la via de Sant Antoni Abad-- del camposanto, el mayor de Barcelona. El caso llegó a compararse con el del accidente del Yak-42, en el que también se mezclaron restos humanos tras el choque de la aeronave militar. Aquella tragedia se cobró la cabeza de Federico Trillo como embajador en Londres. Por contra, el hundimiento de Montjuïc no ha provocado ningún cese ni destitución, aunque casi 17 meses después del suceso ni la empresa municipal ni el Ayuntamiento de Barcelona han podido identificar de forma concluyente a los restos cadavéricos de 358 fallecidos y la Síndica de Barcelona denunció "negligencia" en el mantenimiento de la instalación.