El conseller de Territori, Damià Calvet, ha tenido que afrontar una dura semana como máximo responsable político de la nueva regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El decreto ley, en vigor desde el pasado viernes, le ha enfrentado directamente con este sector, que en los próximos días detallará la batería de demandas y querellas que interpondrá contra la Generalitat a raíz de la nueva regulación –que considera ilegal--.

No obstante, el viernes la patronal de VTC Unauto lanzó el primer dardo envenenado contra el conseller. Acusó al secretario de Infraestructuras y mano derecha de Calvet, Isidre Gavin, de ofrecer al sector trabajar ilegalmente mientras la Generalitat haría la vista gorda. Una grave acusación que podría acabar en la Fiscalía Anticorrupción y que, en caso de demostrarse, supondría un grave escándalo con consecuencias políticas y jurídicas.

La amenaza de Calvet

La respuesta del conseller no tardó en llegar. El mismo día, Calvet lanzó una nueva amenaza contra el sector: la intención de la Generalitat de recuperar las licencias VTC en manos de empresas que se niegan a operar bajo el nuevo marco legal.

Calvet aseguró el viernes que el Gobierno catalán quiere entregar estas licencias a otras compañías que quieran operar de acuerdo con la nueva normativa. "Lo que estudiaremos como Govern es la manera de que no nos secuestren licencias VTC, es decir, que empresas que han manifestado la voluntad de no operar en Cataluña no se queden con estas licencias", dijo, en alusión a las operadoras que trabajan para Uber y Cabify.

Admite las limitaciones legales

Según el responsable de Territori, la Generalitat las pondrá en el mercado para que las empresas interesadas puedan hacerse con una licencia a través de un concurso, aunque al mismo tiempo que anunciaba estas intenciones, admitía que se trata de una operación jurídicamente compleja.

Aun así, se muestra dispuesto a entrar en esta nueva batalla para impedir que estas compañías retengan las licencias de forma “casi especulativa”. Según él, dicha práctica resta la capacidad de movilidad en Barcelona y en su área metropolitana.

Calvet expresó estas intenciones ante los medios de comunicación sin antes consultarlo con el sector implicado, que se opone frontalmente a entregar las licencias a la Generalitat. En conversación con este medio, el presidente de Unauto en Cataluña, José María Goñi, describe el anuncio del conseller como una “pataleta de niño pequeño malcriado”.

Respuesta: más demandas

“Lo único que se le ocurre es amenazarnos con quitarnos las licencias. Esto sólo le va a costar más”, explica Goñi. El representante de la patronal en Cataluña asegura que la Generalitat no tiene competencias para llevar a cabo esta “expropiación”, y si lo hiciera, responderían “con más demandas”. Según él, “la legislación no te obliga a explotarlas”, y aduce a la falta de rentabilidad para llevar a cabo la explotación.

Por ello, cree que las empresas de VTC apostarán por “guardar las licencias en un cajón” hasta que los tribunales les den la razón y tumben el decreto del Gobierno catalán, algo que da por hecho que sucederá. “Ninguna empresa tiene interés en regalar esas tarjetas de transporte a la Generalitat”, sentencia.

Vector Ronda, una de las empresas que atesora más licencias VTC en Barcelona, apuesta por la vía trazada por Unauto. Fuentes de la compañía indican a este medio que la Generalitat no les ha trasladado su intención de hacerse con sus licencias y aseguran que ellos no lo contemplan. Defienden que tienen “unas licencias legalmente concedidas que ahora en la práctica son expropiadas”, por lo que de momento se limitarán a “tomar todas las medidas legales oportunas y reclamar responsabilidades” a las administraciones.

Desplome de los precios

De fondo de esta nueva batalla también se encuentra el valor de las más de 2.200 licencias que existen en Barcelona. Fuentes del sector señalan a este medio que su valor se ha desplomado tras el anuncio del decreto ley que obliga a precontratar los servicios con 15 minutos de antelación. Preguntados por el precio de mercado actual, aseguran que es difícil hacer una aproximación, dado que "la Generalitat se ha cargado el modelo de negocio de los VTC".

Para justificar esta afirmación, se amparan en los datos de Unauto, que estima que el 95% de los servicios se realizan con una reserva inferior a los 15 minutos. "Nadie va a querer esperar ese tiempo para realizar un trayecto. Menos aún en la sociedad del clic, donde un turista que venga de París está acostumbrado a tener un Uber en menos de cinco minutos. Por la misma regla de tres, si no hay demanda, tampoco hay oferta", afirman las mismas fuentes. 

Por ello, ninguna empresa contempla deshacerse de ellas hasta que la justicia se pronuncie sobre la nueva norma. Prefieren esperar y poder operar como hacían hasta ahora en caso de que anulen el decreto; o bien recibir una indemnización que compense el lucro cesante --el dinero que han dejado de ingresar desde la promulgación de la norma-- y el daño patrimonial por la pérdida de valor de las licencias.