La entrada en vigor del decreto de la Generalitat que establece --entre otras restricciones-- una precontratación de, al menos, 15 minutos para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha recibido una respuesta contundente por parte de las principales empresas del sector, Uber y Cabify, que han decidido marcharse de Barcelona y anunciar sendos ERE que dejarán en la calle a cerca de 3.500 trabajadores.
Esta situación es vista como una victoria de los taxistas, que de momento logran parar las pretensiones de los VTC de entrar en el mercado de la movilidad urbana. Pero la mayor parte de los analistas consideran que la guerra del taxi no ha hecho más que comenzar y que todavía quedan muchas batallas que librar. Llegados a este punto, cabe plantearse algunos interrogantes: ¿Hay una solución razonable a la guerra del taxi? ¿Es posible la convivencia entre taxis y VTC?
VTC: liberalización y compensación
Las empresas de VTC rechazan cualquier tipo de precontratación, no ya los 60 minutos que pretende establecer el Área Metropolitana de Barcelona (AMC) sino tampoco los 15 minutos fijados por el Govern --una iniciativa inédita a nivel mundial pero que más ciudades valoran implementar, como es el caso de Sevilla--. Tampoco aceptan otros obstáculos “artificiales, altamente restrictivos, desproporcionados o discriminatorios”, como la obligatoriedad de volver a la base tras cada servicio, la prohibición de la geolocalización, la imposición de un recorrido mínimo en cada trayecto --los taxistas de Madrid exigen que sea de 5 kilómetros-- o la exigencia de una distancia mínima entre el coche y el cliente que solicita el servicio --el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han propuesto entre 300 y 500 metros--.
Las compañías de vehículos de alquiler con conductor abogan por una liberalización del sector, apelan a la libre competencia y argumentan que las nuevas tecnologías hacen que el monopolio del taxi carezca de sentido en los tiempos actuales. En este sentido, Cabify y Uber se han mostrado abiertas a crear un “fondo de transición” con el que compensar a los taxistas que quieran vender sus licencias a cambio de permitir que los VTC puedan seguir actuando como hasta ahora. Ese fondo se nutriría con la aportaciones de las propias empresas de VTC --cargando cinco céntimos por kilómetro a sus servicios-- y han calculado que en el caso de Madrid necesitarían unos 2.400 millones para amortizar las 16.000 licencias de taxi existentes, a razón de 150.000 euros cada una. También se ofrecen a integrar en sus apps a los taxis.
Taxi: limitación de licencias y compensación
Los taxistas defienden que taxis y VTC son dos servicios diferentes que no se pueden igualar, tal y como recogen las leyes y las sentencias de los tribunales. “Los VTC no son taxis”, insisten, y exigen que así lo recojan las regulaciones que se implementen. Apuntan que, originalmente, los VTC estaban destinados a ofrecer servicios interurbanos, de largo recorrido, de gerencia o de acontecimientos especiales (como bodas). Y apuestan porque siga siendo así ya que, insisten, ningún sector económico está 100% liberalizado.
Sin embargo, son conscientes de que la marcha de Uber y Cabify de Barcelona es temporal y que será difícil evitar que vuelvan, por lo que se abren a encontrar una fórmula de convivencia. El portavoz de Stac, José María Sánchez, da algunas pistas para una posible solución. El sindicalista señala que, si los VTC quieren hacer de taxis, estos deberían estar sometidos a una regulación similar a la de los primeros. Subraya que es imprescindible que se limite el número de licencias --actualmente hay unos 10.500 taxis en el área metropolitana de Barcelona y unos 2.400 VTC, que se prevé que crezcan hasta 3.800 a medida que los tribunales resuelvan los procesos abiertos--. Y plantea que los VTC compren las licencias de los taxistas que se vayan jubilando, que estima en unos 400 al año. Es lo que califica de “reconversión progresiva” del sector, pero “pagando”, matiza. “Si entran VTC, han de salir taxis”, concluye.
Coches VTC protestan en la avenida Diagonal de Barcelona / CG
PP y Cs: eliminar barreras y compensación
El PP y Ciudadanos apuestan por no poner barreras a los VTC y liberalizar el sector de la movilidad urbana pero también plantean la creación de un fondo para compensar a los taxistas que se nutriría con un impuesto a los VTC.
Los populares proponen eliminar la obligatoriedad de los días de descanso y la limitación a salir de su ámbito municipal que tienen los taxis.
Graupera: abrir el mercado y rescatar licencias de taxi
El alcaldable por Barcelona Jordi Graupera también ha irrumpido en el conflicto presentando su propuesta. “El mercado se ha de abrir pero no se puede dejar a la gente en la estacada”, ha señalado el activista independentista de corte liberal.
Graupera plantea “tres ideas fuerza”: “1. Hay que rescatar las licencias de los taxistas que han invertido miles de euros, romper el monopolio y abrir el mercado. 2. Hemos de adaptar las licencias VTC a los nuevos usos que se les está dando y para los cuales no fueron creadas ni diseñadas. 3. La competencia ha de servir para innovar y mejorar la calidad del servicio, no para precarizar las condiciones de trabajo”.
Un grupo de taxistas bloquea las calles de Barcelona / EFE
Derechos laborales
En este punto, los sindicatos advierten sobre los riesgos de precarización laboral del sector en caso de liberalización. Por ello, exigen que la regularización establezca límites claros que eviten “jornadas de esclavitud” de los conductores y salarios miserables.
Pere Vidal, profesor de Derecho Laboral de la UOC, alerta de que esa precarización laboral ya la sufren los taxistas que explotan sus propias licencias y que trabajan como autónomos. Y considera que los anuncios de ERE por parte de las plataformas de VTC pueden haber sido algo precipitados. “No se pueden anunciar despidos colectivos sin tener constancia de la resolución de los contratos que los justifiquen. No se puede hacer un ERE preventivo. Este es un tema interesante que puede acabar con sentencias en la jurisdicción social”, señala.
¿Competencia limitada?
Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de Legal Sharing, considera que no tiene por qué perder nadie en este conflicto. Señala que la solución no pasa por establecer restricciones a los VTC sino por desregular el sector del taxi. La especialista en economía colaborativa y digital recuerda que los tratados europeos y la Constitución consagran la libertad de empresa y el libre mercado, y que los tribunales han señalado que “la competencia molesta pero no por ello es desleal”. “No tiene sentido que en la ciudad del Mobile World Congress no funcionen Uber ni Cabify”, concluye.
El profesor de derecho administrativo de la UB Marc Tarrés, en cambio, no ve desmesurada la exigencia de una precontratación de 15 minutos para los VTC, pues se muestra convencido de que esta fórmula permitiría su supervivencia y su diferenciación respecto al servicio del taxi. En ese sentido, recuerda que los tribunales han establecido que “una cosa es la VTC y otra el taxi, son dos cosas diferentes”. Y destaca un argumento recogido por una sentencia del Supremo en junio pasado: “Es preciso imponer determinadas limitaciones al servicio de VTC pues de lo contrario este servicio acabaría por realizar la mayoría de los servicios más rentables al ofrecerlos en condiciones menos onerosas que los taxistas”.