El equipo de gobierno de Ada Colau se niega a investigar el caso de los chivatazos a manteros por parte de empleados del Ayuntamiento de Barcelona destapado por este medio. Y no sólo eso, sino que también estudia emprender acciones legales contra el sindicato CSIF, que ha denunciado estas prácticas a través de un comunicado.
El sindicato policial criticaba que "trabajadores sociales, contratados por el ayuntamiento, presuntamente, alertan y colaboran con personas que están infringiendo el Código Penal por infracciones como la venta de productos falsificados".
El PSC pide una investigación interna
Según fuentes municipales, se trata de unas "acusaciones sin fundamento hacia dos trabajadoras" del Ayuntamiento de Barcelona. Por ello, lejos de investigar estas prácticas denunciadas por la Guardia Urbana, el gobierno de Ada Colau ha optado por proteger a las trabajadoras y no dar credibilidad a los hechos denunciados por su propio cuerpo policial.
No obstante, el gobierno municipal tendrá que dar explicaciones a la oposición después de que este jueves el PSC de Barcelona haya presentado un ruego de urgencia para que se esclarezcan los hechos inmediatamente. El documento que han presentado los socialistas pide una investigación interna sobre los hechos y reclama la comparecencia del responsable político del Gobierno municipal para informar a los grupos municipales. Además, insta a adoptar "los mecanismos y protocolos necesarios para proteger la actuación de la Guardia Urbana y de otros cuerpos policiales en materia de venta ilegal en el espacio público".
Versión del consistorio
Según la versión del consistorio, el miércoles dos trabajadoras sociales se encontraban en plaza Catalunya mientras se desarrollaba un dispositivo policial. En el marco de esta operación, fueron identificadas por agentes de la Guardia Urbana. "Ellas se acreditaron como trabajadoras de este grupo de educadores de calle del Ayuntamiento de Barcelona. Su identificación se hizo sin problemas", han indicado las mismas fuentes, que han subrayado que las trabajadoras no tienen información previa sobre dispositivos policiales.
Cabe recordar que estas acusaciones dirigidas al gobierno municipal de BComú sobre presuntos chivatazos a los manteros ya se produjeron el verano pasado por parte de los sindicatos CSIF y Sapol.
Críticas del PSC y PP
Tras conocerse la noticia, tanto PSC como PP han cargado contra la alcaldesa por su política permisiva con los manteros. La concejal socialista Montserrat Ballarín ha asegurado que "Colau ha dado carta de naturaleza durante estos años a una actividad ilegal que, además de perjudicar el comercio y a los ciudadanos que hacen bien las cosas y cumplen con la legalidad, cronifica la explotación laboral de las personas que la practican".
Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha lamentado que "el ayuntamiento haya decidido estar a favor de las mafias de los manteros en lugar de apoyar a los comerciantes y garantizar la seguridad".