Competencia desmonta el cepo de la Generalitat contra Uber

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) desmonta el cepo de la Generalitat contra Uber. El organismo regulador argumenta que la medida del Govern, que pretende que estos servicios de transporte se reserven con entre 6 y 12 horas de antelación, no está justificada por “la dualidad regulatoria entre taxi y VTC” que plantea y sostiene así que servicios equivalentes con “regulación diferenciada suponen discriminación y desvirtúan la competencia”.

El órgano, que tiene como misión velar por el correcto funcionamiento competitivo de los mercados en Cataluña, también considera que la medida del Govern es contraria a la better regulation por "la introducción injustificada de ineficiencias que perjudican la competencia y a los usuarios".

Reservar con antelación

Para limitar la actividad de los VTC en Cataluña, la Generalitat prepara dos nuevos decretos para modificar la ley catalana de transportes que incluirá una nueva limitación de la actividad de Uber y Cabify.  Así, para viajar en este tipo de vehículos habrá que reservar con entre seis y doce horas de antelación.

Según avanza El Confidencial, esta medida será anunciada en los próximos días por el conseller de Transportes, Damià Calvet, y podría suponer el cierre definitivo de estas aplicaciones de transporte en el territorio catalán. “La propuesta del Govern significaría el cierre de numerosas empresas y la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo”, ha señalado Josep María Goñi, presidente de Unauto VTC Catalunya, este jueves.

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Josep María Goñi, Presidente de Unauto VTC Catalunya, esta jueves en el Colegio de Periodistas en Barcelona / UNAUTO

Unauto critica las amenazas

Unauto, asociación mayoritaria del sector del alquiler de vehículos con conductor en España, critica que el taxi vuelva con sus “amenazas a los Ayuntamientos” de “bloquear” las principales ciudades “perjudicando a la ciudadanía”. También rechaza que en solo un año se haya modificado la regulación de los VTC en cuatro ocasiones con dos decretos leys y dos reales decretos. “El caos o lo que el taxi diga”, han manifestado a través de un apunte de Twitter.

De hecho, los taxistas han acudido esta mañana a manifestarte ante el Colegio de Periodistas de Barcelona, para intentar boicotear la reunión de los conductores de Uber y Cabify. 

Bloquear el Mobile

El sector del taxi, además, amenaza con volver a la guerra. Las asociaciones de taxistas de Barcelona no descartan bloquear el acceso al Mobile World Congress (MWC), previsto para finales de febrero, si la Generalitat no regula las licencias de Uber y Cabify.

"El MWC es uno de los objetivos, lógicamente. Si la Generalitat se posiciona del lado de dos multinacionales -en referencia a Uber y Cabify- y deja a los taxistas catalanes, los de casa, en la ruina, el MWC será bloqueado totalmente", manifestó este lunes.

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, en la protesta contra los VTC este jueves / ÉLITE TAXI

Decreto anti Uber

En julio de 2018 fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que paralizó cautelarmente el decreto anti Uber de Ada Colau. la alcaldesa de Barcelona. Así, admitió a trámite un recurso de impugnación presentado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que exigía, entre otros puntos, la impugnación de la normativa aprobada por el consistorio de la capital catalana en febrero de ese mismo año.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside la alcaldesa Ada Colau, aprobó el pasado 26 de junio de manera definitiva el reglamento que condiciona a una autorización previa el ejercicio de la actividad de los servicios urbanos de las licencias VTC en el ámbito metropolitano de la capital catalana. Así, los vehículos de alquiler con conductor tendrían que tener, a parte de la licencia de VTC, una segunda autorización del Instituto Metropolitano del Taxi. Una demanda que la CNMC consideró que atentaba contra la libre competencia, por lo que presentó este recurso contra la decisión de Colau para exigir la suspensión de las medidas, que finalmente paralizó el TSJC de manera provisional.