La pequeña Blanca, una niña de 16 años que vive en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, no podía hacer uso de la piscina de la comunidad sin un acompañante. La razón: tener síndrome de Down.
Así se lo hizo saber el presidente de su comunidad de vecinos, que llegó a pedir a sus progenitores que firmaran una autorización para que la menor pudiera hacer uso de estas instalaciones por sí sola. Pero la actitud no sólo quedaba ahí: también querían restringirle el uso del ascensor.
Tampoco podría usar el ascensor
La federación Down España, la institución que ha dado a conocer este suceso, asegura que la comunidad pretendía aprobar unos estatutos que restringían la utilización del elevador a cualquier persona con discapacidad "a no ser que sus padres manifiesten por escrito que está capacitada para hacerlo". La normativa que pretendían aprobar decía así: "Los niños menores de 10 años y los discapacitados no podrán utilizar ni el servicio de ascensor ni la piscina sin un acompañante mayor de edad excepto en aquellos casos de personas discapacitadas en los que, siendo mayores de 10 años, sus padres manifiesten por escrito que están capacitados para el uso de los mismos sin necesidad de ayuda".
Una actitud que los padres de Blanca denunciaron por discriminatoria. La comunidad defiende en cambio esta medida asegurando que se adaptan a una normativa municipal de Boadilla del Monte. El consistorio niega que exista tal normativa incluso han ofrecido ayuda a la familia.
Discriminación "inadmisible"
La federación Down España, la institución que ha dado a conocer este suceso, ha calificado como "inadmisible" la actitud que la comunidad de vecinos ha adoptado con respecto a las personas afectadas por este síndrome. Ante la indignación de la familia y el posterior apoyo de la Federación de Asociaciones con Síndrome de Down, el administrador de la comunidad ha reaccionado y ha retirado los estatutos. Este texto no pasará a ser aprobado por la comunidad.
La iniciativa que pretendía regular el uso de personas con discapacidad puede convertirse en una medida penalizada. El colegio de administradores de fincas no descarta sancionar a esta comunidad de Propietarios por discriminar a uno de sus vecinos.